Así lo señalaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Hacienda, que indicaron que a pesar de que Cataluña salga del FLA para pasar a financiarse a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), lo que implica un menor control por parte del Gobierno hacia todas aquellas comunidades autónomas que abandonan el FLA, en el caso de Cataluña se mantendrá el control reforzado que fue activado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en 2015.

La salida de Cataluña del FLA fue anunciada el pasado sábado por el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y confirmada este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien recordó que se trata de un paso que las comunidades autónomas pueden dar cuando cumplen con los objetivos de déficit y deuda y con el periodo de pago a proveedores, tal y como es el caso de Cataluña.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Servimedia recordaron que Cataluña está sujeta al control reforzado de sus cuentas por parte del Gobierno central, por lo que una interventora de le Generalitat debe informar mensualmente de todos los gastos, algo que no se da en el resto de comunidades autónomas.

Dicha medida fue impuesta en noviembre de 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió su aplicación “específica y exclusiva” a Cataluña después de que el Parlament aprobara una resolución para iniciar el proceso de desconexión de España.

Además, en julio de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumentó dicho control, obligando a la Generalitat a informar de forma semanal para verificar que no destinaban recursos a actividades vinculadas directa o indirectamente a la consulta soberanista que tuvo lugar el 1 de octubre.

Por último, con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno también paso a controlar de forma previa las cuentas de la Generalitat a través de sus órdenes de pago en las entidades financieras, un control que se desactivó en junio de 2018 tras el levantamiento del artículo 155.