Para ello, indicó, la Comunidad de Madrid creará una Oficina contra la Okupación que pondrá a disposición de los ciudadanos un teléfono 900 gratuito, además del número ya existente de emergencias 112, al que los madrileños podrán dirigirse para avisar de una posible ocupación ilegal o intento de ocupación de la que tengan conocimiento.

El proyecto se concreta en la creación de un Centro de Coordinación Municipal en las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), que, entre otros servicios, establezca un sistema de información a las fuerzas de seguridad y administraciones competentes en presuntos casos de ocupación ilegal de inmuebles.

ASESORAMIENTO A LOS MADRILEÑOS

De este modo, cuando se reciba una llamada en 112 Okupación, además de asesorar al llamante sobre sus derechos y procedimiento a seguir, se pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes, bien sean Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fiscalía o Delegación del Gobierno.

Se trata, por tanto, manifestó, de coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales, siempre garantizando el principio de seguridad jurídica y respetando el marco legislativo de aplicación.

Dijo que el objetivo de este nuevo servicio es dar apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales y ayuntamientos en la lucha de esta lacra, que afecta actualmente a unas 4.000 viviendas en toda la región (unas 2.000 de la Agencia de Vivienda Social (AVS) y otras tantas de promociones privadas de particulares o banca), así como dar asistencia a los ciudadanos.

TRABAJO CONJUNTO

Indicó que en la puesta en marcha de este nuevo servicio del Gobierno regional trabajan la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, de la que depende la ASEM112, y la Consejería de Vivienda y Administración Local.

El proyecto forma parte de la nueva Estrategia integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid con la que el Ejecutivo autonómico quiere avanzar en el desarrollo competencial de los cuerpos de Policía Local y la homogeneización de criterios en la ejecución de sus funciones.

Desde el inicio de la legislatura, indicó, ambas consejerías vienen desarrollando distintas actuaciones. Así, en octubre de 2019 se constituyó la Mesa de Vivienda y Okupación, en la que estuvo presente el Ayuntamiento de la capital, y se mantuvo una primera reunión con la fiscal provincial y la juez decana de Madrid para abordar la situación. Posteriormente, en noviembre, se remitió a los alcaldes de la región un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales.

En enero de 2020, el Gobierno regional presentó ante la Fiscalía Superior de Madrid una denuncia de ocupaciones por distintas mafias que se están produciendo en viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, con unas 2.000 casas afectadas. En este sentido, desde el comienzo de legislatura se han iniciado 650 expedientes para la recuperación de viviendas y locales públicos, y la AVS ya ha podido recuperar 233 viviendas y locales que se encontraban usurpados. Igualmente, se han remitido 329 expedientes a los juzgados para recuperar más viviendas públicas.

Con los actuales datos se verifica que tras, una reducción de la ocupación asociada al confinamiento por el Covid-19, los números ya han recuperado los niveles del mismo periodo del año anterior e incluso hubieran sido superados si no fuera por la actuación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Patrimonio Inmobiliario de la AVS. Así, durante el 2019 se evitaron 117 ocupaciones y en lo que llevamos de año ya se ha alcanzado la cifra de 81.

Entre las sugerencias que realiza el Gobierno regional para atenuar la situación de estas viviendas se encuentran que en las denuncias penales se dicte como medida cautelar el desalojo inmediato o la posibilidad de crear un Juzgado único para procedimientos de desalojos de viviendas ilegalmente ocupadas.

Durante este año, la Comunidad de Madrid ha solicitado dos reuniones con la Delegación de Gobierno en la región para tratar el asunto instando al Ejecutivo central a que tome medidas urgentes de carácter legislativo que eviten estos episodios.