El caso Pujol, los ERE en Andalucía, la Operación Púnica o los papeles de Bárcenas, son tan solo algunos de los centenares de casos de corrupción que perjudican la marca España en un momento en el que ya existen más de 1.700 causas abiertas por corrupción según datos del Consejo Superior Judicial.
Según el Informe Corruption Report 2014 elaborado por la Comisión Europea, España ya es uno de los países en los que los ciudadanos perciben mayores niveles de corrupción y donde esta mala práctica afecta más a la vida diaria de los ciudadanos. En el contexto Europeo un 76% de los ciudadanos comunitarios manifiesta tener la sensación de vivir en un contexto de corrupción generalizada. En España la cifra alcanza el 95% y es tan solo superada por Grecia (con un 99%) e Italia (con un 97%). De los encuestados solo un 8% reconoce haber sido testigo de un caso de corrupción y de ellos solo un 12% lo llegó a denunciar. La organización Transparencia Internacional tampoco es optimista al respecto y afirma, en su informe sobre los índices de percepción de la corrupción, que España ya ocupa el puesto 40 de un total de 176 países al escalar del top 136 al top 40 en los últimos 5 años.
Ya en nuestro país la encuesta anual del Centro de Investigaciones Sociológicas confirma la tendencia, su informe revela que la corrupción ya es el 2º problema que más preocupa a los españoles después del paro con un 39,5% de las menciones.
El sector privado tampoco está exento de la corrupción, el Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial en España de la consultora Price Waterhouse Coopers afirma que el 34,5% de las empresas manifiesta haber sufrido algún tipo de delito económico durante los últimos 12 meses,
La apropiación indebida de activos (28%), el soborno y la corrupción (13%), y el blanqueo de dinero (5%) conforman las principales tipologías de fraude en el sector de la empresa privada.
La corrupción es una práctica social oculta muy instaurada en nuestra sociedad, afirma Francisco Canals, su existencia tiene un coste económico y social de 40.000 millones de euros para los españoles. En esta actividad intervienen muchos factores como el concepto oportunidad o la sensación de inevitabilidad que experimentan muchas personas con poder de decisión. La lentitud de las acciones penales tampoco ayuda (afirma Canals) la habilidad jurídica de muchos abogados y el poder económico de las partes implicadas eterniza los procesos durante años, consiguiendo así, que sus clientes salgan del foco mediático y se reduzca la presión mediática sobre los acusados.
