La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno que establezca un procedimiento de garantías a los consumidores previo al corte del suministro eléctrico por impago. Así lo ha anunciado Becerril este martes durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, reunida en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado el informe anual 2013 de su institución.

La Oficina del Defensor propone al Ejecutivo que, antes de que las eléctricas interrumpan el suministro por impago o fraude, los consumidores puedan formular alegaciones en su defensa y que se respete la presunción de inocencia.

En una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de Energía el pasado 6 de marzo, la defensora plantea también que se permita la posibilidad de fraccionar el pago de la deuda, «partiendo de la base de que el suministro eléctrico es esencial para una vida digna, por lo que su privación coloca a las personas en situación de exclusión social». Actualmente, el corte de la luz por fraude se ejecuta tras un procedimiento en el que la propia compañía determina el importe defraudado, sin audiencia al interesado.

La institución recuerda que ha llamado reiteradamente la atención sobre errores de las empresas, que en ocasiones suspenden el suministro y reclaman el pago de la deuda a la persona equivocada.

Además, el Defensor del Pueblo reprueba que salvo que el suministro sea declarado esencial, el procedimiento actual no prevé la intervención de la Administración ni de órgano judicial alguno. Por ello, Becerril ha recomendado que se exija la intervención de la Administración competente y que en determinados supuestos intervengan los servicios sociales para valorar en qué medida las situaciones de fraude o impago responden a serias dificultades económicas.

(Fuente: Servimedia)