Cuando los directivos de la entidad son  los responsables últimos de los 60.000 millones que cuesta el rescate de las cajas a los españoles

La dirección del Banco de España ha lanzado una campaña de respaldo a los altos cargos imputados por autorizar en 2011 la salida a Bolsa de Bankia. Ha organizado una recogida de firmas en el Banco para que los subordinados muestren su apoyo a los imputados: el director general, Mariano Herrera, su adjunto, Pedro Comín, y el director de Inspección, Pedro González. Lideran la iniciativa Francisco Monzón, jefe de Inspección I, y Javier del Río, jefe de Inspección III. Así lo han confirmado a diversos medios de comunicación fuentes de la Inspección del organismo supervisor. La recogida de firmas ha provocado tensión dentro de la institución. La Asociación de Inspectores del Banco de España explica que el problema del Banco de España es precisamente la falta de autocrítica ante la actuación en el caso Bankia. Alega que no hubo recogida de firmas en favor de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras cuando ambos fueron descalificados por las defensas de Bankia y de Rodrigo Rato.

Responsabilidades pendientes

Las de Bankia, además, no son las únicas responsabilidades que penden sobre las autoridades supervisoras del sector financiero español. Según diversas fuentes consultadas por DiarioFinanciero, en el sector no se mueve un dedo sin que el Banco de España dé el visto bueno. Y en casos como los de la CAM o Novacaixagalicia, en los que la justicia penal ya se ha pronunciado y que han costado mucho dinero al erario público español, sorprendentemente no se ha exigido ninguna responsabilidad los directivos del Banco de España.

El pasado 10 de enero, el Tribunal de cuentas cifró en 60.718 millones el coste de recursos públicos para sanear la banca entre 2009 y 2015. Una estimación del coste para el erario público del proceso de reestructuración que no podía considerase «definitiva», advertía el Tribunal de Cuentas, que recordaba que aún tenían que terminar los procesos de reestructuración: el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controla el 66% de Bankia y el 65% de BMN.

«La venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015 puede provocar un incremento o una disminución el citado importe», explicaba el Tribunal en un comunicado. Y también recordaba que la factura del rescate bancario dependía de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un saldo vivo total de 17.211 millones a cierre de 2015. El Tribunal de Cuentas subrayaba que los saneamientos que han supuesto mayor coste público han sido el de CX (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

En un informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca, el organismo calculaba también que los recursos públicos comprometidos ascendían a 122.122 millones entre 2009 y 2015, si bien aclaraba que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público.