El Parlamento Europeo ha dado este martes el primer paso para la aplicación con condiciones del pacto comercial negociado entre Washington y Bruselas y que, en la práctica, supone que la UE renuncia a tomar represalias por el 15% de arancel generalizado que Estados Unidos impone a la mayoría de producciones europeas, siempre que el gravamen no exceda ese techo y asumiendo que no se aplica al acero ni al aluminio.

Así, la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara ha dado luz verde con 31 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones a las dos legislaciones que deben entrar en vigor para que la UE pueda cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Turnberry por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace casi un año en la residencia que el americano tiene en Escocia.

Las nuevas normas, que necesitan aún el visto bueno formal del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) en las próximas semanas, expirarán a finales de 2029 de forma automática, salvo que el bloque decida una prórroga tras una revisión completa de la situación. La Comisión Europea, además, deberá llevar a cabo informes trimestrales y se prevén mecanismos de supervisión europarlamentaria.

También incluyen salvaguardas para suspender o pausar el acuerdo en caso de que las empresas europeas resulten perjudicadas severamente o si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales –como los que anunció tras el fallo en contra de la justicia pero no ha llegado a aplicar a la UE– o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis por Groenlandia.

En concreto, los reglamentos acordados garantizan la supresión de los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y otorga un acceso preferencial al mercado europeo, con contingentes y aranceles reducidos de determinados productos agrícolas y mariscos estadounidenses, incluida una prórroga de cinco años –hasta 2030– para las importaciones libres de gravamen para la langosta.

SALVAGUARDAS PARA PAUSAR EL ACUERDO SI EEUU NO CUMPLE

De acuerdo a lo acordado entre colegisladores, el visto bueno pacto arancelario pasa por la inclusión de varias cláusulas que permitirán pausar o suspender el pacto arancelario si se constatan distorsiones graves del mercado o Estados Unidos lanza nuevos intentos de coerción sobre la toma de decisiones de los Veintisiete.

Así, bastará «una solicitud debidamente justificada» de tres o más Estados miembro, de la industria o de sindicatos de la UE o por propia iniciativa de la Comisión Europea para iniciar una evaluación formal sobre si «el aumento de las importaciones ha causado o amenaza con causar un daño grave a los productores de la UE». De este modo, si existen pruebas suficientes, la Comisión podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación» del acuerdo.

Las salvaguardas de suspensión también se activarán si «Estados Unidos incumple los compromisos de la Declaración Conjunta, cuando socave de otro modo los objetivos perseguidos» por la misma o cuando «perturbe las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso discriminando o atacando a los operadores económicos de la UE». El mecanismo de suspensión también puede activarse si existen «indicios suficientes de que tales acciones puedan producirse en el futuro».

Las condiciones incorporadas incluyen otro aviso a la Casa Blanca para reducir el 50% de los aranceles al acero y aluminio europeos ya que si para el 31 de diciembre de este 2026 no se ha rebajado ese gravamen al techo del 15% pactado para el resto de producciones, la UE estará facultada para suspender las concesiones a los productos de acero y aluminio concedidas a Estados Unidos.

El controvertido acuerdo que cerró la jefa del Ejecutivo comunitario con Trump incluye también compromisos de la Unión que van más allá de la política comercial sobre la que tiene competencias Bruselas, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en este país por valor de 600.000 millones más.

Estas disposiciones no se recogen en las propuestas legislativas que negocian los colegisladores ya que se trata de medidas que trascienden las competencias de Von der Leyen y recaen sobre los Estados miembro.