El Parlamento Europeo ha exigido de nuevo a la Comisión Europea que active contra Polonia el nuevo mecanismo para proteger el presupuesto comunitario y que podría desembocar en la congelación de los fondos asignados a este país, especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que pone en duda la primacía del Derecho de la UE con respecto a la Carta Magna nacional.

Los presidentes de las comisiones de Control Presupuestario, Monika Hohlmeier; Asuntos Legales, Adrián Vázquez, y Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar, que representan a los tres principales grupos del Hemiciclo; han reclamado a Bruselas en un comunicado conjunto que ponga en marcha el procedimiento que tiene disponible desde enero de este año.

«Con esta sentencia, Polonia desafortunadamente dice adiós a nuestro orden legal europeo. Si los actos jurídicos europeos ya no son aceptados, es cuestionable si Polonia puede todavía beneficiarse de las enormes cantidades de financiación de la UE que recibe», ha expresado la primera, eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE).

En opinión del representante de Ciudadanos Adrián Vázquez, el fallo del Constitucional polaco es un ataque «directo» a los principios y valores de la UE, así como que la «seriedad» de la situación «requiere una reacción rápida de las instituciones europeas». «Ahora es más urgente que nunca activar el mecanismo de condicionalidad», ha añadido.

Para el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar «la decisión de un Tribunal Constitucional que está subordinado al Gobierno del PiS cruza una última línea de la pertenencia a la UE». «Pedimos a la Comisión que aplique el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho con efecto inmediato e inicie procedimientos de infracción contra Polonia», ha enfatizado.

Incluso antes de conocerse el dictamen del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo comunitario ya había anunciado que enviaría en las próximas semanas las primeras notificaciones a Polonia –y también a Hungría– para activar dicho mecanismo por su deriva totalitaria, aunque sin todavía incluir las medidas concretas a adoptar.

Una vez remitidas, Bruselas iniciaría un diálogo formal con las autoridades polacas que podría desembocar en la congelación de fondos europeos si Varsovia no toma medidas. El mecanismo prevé la suspensión de ayudas de programas tradicionales, como el de Cohesión, pero también de los fondos de recuperación.

Polonia, en particular, ha solicitado a la Comisión Europea en virtud de éste último un total de 36.000 millones de euros, de los cuales 23.900 millones serían en transferencias directas y 12.100 millones serían préstamos. El plan polaco, al igual que el húngaro, todavía no ha sido aprobado por la UE, precisamente por las dudas que generan sus ataques al Estado de derecho.

Tanto Polonia como Hungría llevaron ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) este mecanismo porque creen que está dirigido específicamente contra ellos y consideran que no es legal. Bruselas ha asegurado en varias ocasiones que no lo utilizará hasta conocer el veredicto del tribunal de Luxemburgo.

Este viernes, un día después de conocerse la sentencia del Constitucional polaco, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha afirmado que hará valer «todos los poderes» de que dispone la institución que preside para defender la primacía del Derecho de la UE en Polonia.

Con todo, Bruselas se resiste a adelantar cuáles son las herramientas legales de que dispone para afrontar esta crisis e insiste en que no adelantará sus pasos hasta haber analizado «en detalle y de manera ordenada» la sentencia del Constitucional polaca.