El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este martes que se sancione a las empresas que utilicen reclamos medioambientales engañosos con multas de al menos el 4% de su facturación anual.

Esta es la posición negociadora que ha adoptado la Eurocámara –con 467 votos a favor, 65 en contra y 74 abstenciones– sobre el establecimiento de un sistema de verificación y aprobación previa de declaraciones de marketing medioambiental para proteger a los ciudadanos de anuncios engañosos.

La directiva, a la que deberá dar seguimiento el hemiciclo que surja de las próximas elecciones europeas, busca obligar a las empresas a presentar pruebas de sus afirmaciones de marketing medioambiental antes de anunciar productos como «biodegradables», «menos contaminantes», «ahorradores de agua» o con «contenido de base biológica», mientras que los países de la UE deberán que asignar verificadores para aprobar previamente el uso de tales afirmaciones y proteger a los compradores de publicidad infundada y ambigua.

El Parlamento quiere que las reclamaciones y sus pruebas se evalúen en un plazo de 30 días, aunque considera también que las más simples pueden beneficiarse incluso de una verificación más rápida o sencilla.

Las microempresas no estarían cubiertas por las nuevas normas y las pymes tendrán un año más para cumplirlas en comparación con las empresas más grandes.

Además, aquellas compañías que violen las normas pueden enfrentar sanciones como, por ejemplo, quedar excluidas temporalmente de licitaciones públicas, perder sus ingresos y enfrentarse a multas de al menos el 4% de su facturación anual.

Las afirmaciones ecológicas basadas únicamente en sistemas de compensación de carbono seguirán prohibidas, aunque las empresas podrán mencionar esquemas de compensación y eliminación de carbono en sus anuncios si ya han reducido sus emisiones tanto como sea posible y utilizan estos esquemas solo para emisiones residuales.

Los créditos de carbono de los esquemas deben estar certificados y ser de alta integridad, como los establecidos bajo el Marco de Certificación de Eliminaciones de Carbono.

Los eurodiputados también han decidido que las declaraciones ecológicas sobre productos que contienen sustancias peligrosas sigan siendo posibles por ahora, pero han emplazado a la Comisión Europea a evaluar en un futuro próximo si deberían prohibirse por completo.