La fiscal general dictará en breve una instrucción contra la ocupación de viviendas

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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció este lunes que en breve dictará una instrucción que aborde el “tratamiento” que sus subordinados deben dar a la ocupación ilegal de viviendas, fenómeno que se ha recrudecido en España coincidiendo con la pandemia del Covid-19.

Delgado se refirió a esta cuestión en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, que se realizó en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey.

En su intervención, la fiscal general dijo que su institución debe estar pendiente de la situación de la sociedad y plantear una “acción específica” ante fenómenos que puedan necesitarlo, como puede ser la ocupación de viviendas.

Señaló que en este caso la Fiscalía General tiene intención de dictar “en los próximos días” una “instrucción” que aborde “el tratamiento por parte de los fiscales a este fenómeno delictivo”.

“ESTRECHA COLABORACIÓN”

Por otra parte, Delgado se refirió a la pandemia del coronavirus y destacó el “la profesionalidad y el esfuerzo” de los fiscales durante estos meses, ya que cumplieron con su deber durante el estado de alarma, “acudiendo cuando era preciso a los servicios de guardia o trabajando desde sus casas”.

En este sentido, destacó la “estrecha colaboración” que la Fiscalía ha tenido durante estos meses con otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

Añadió al respecto que “la estructura territorial del Ministerio y Fiscal y la flexibilidad que ofrece su autonomía funcional, unidas a ese fructífero marco de cooperación con el resto de las instituciones, es quien ha garantizado que se diera una respuesta a los ciudadanos con prontitud y eficacia”.

Entre los asuntos abordados, Delgado resaltó que su institución “desde el primer instante” se interesó “por la grave problemática planteada en las residencias de mayores” por el coronavirus. Esto les ha llevado a seguir “día a día” la evolución de estos centros y dar una “respuesta jurídica a los problemas específicos de aquellas personas integradas en los colectivos sociales más vulnerables”.

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