La ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que, desde su misma aparición, “ha generado preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”, reconoce la Fiscalía. A los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno social en el que se producen.

En esta instrucción se efectúa un estudio de los tipos penales de ocupación inmobiliaria y de allanamiento de morada, considerando como tal las que se producen en segundas residencias o residencias de temporada, y da respuesta a las diferentes situaciones que se plantean en la práctica, haciendo especial referencia a las ocupaciones cometidas por la delincuencia organizada.

Así, insta a que los fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los perjudicados por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en el ordenamiento jurídico.

Entiende la Fiscalía que esos mecanismos son capaces de restablecer el legítimo derecho del denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva mientras se tramita el correspondiente procedimiento y la “indeseable sensación de impotencia” que puede llegar a aquejar a la víctima.

La instrucción se dirige sobre todo a atajar la actuación de organizaciones criminales que se aprovechan de la situación de “extrema necesidad” de algunas personas y familias para justificar la ocupación.

La Fiscalía pide que se haga constar en las denuncias policiales todos los datos que puedan acreditar la propiedad del bien y también las “circunstancias espacio-temporales” en las que e produzca la ocupación, la identidad y número de los ‘ocupas’, la existencia de una posible organización delictiva tras el acto y la finalidad perseguida con la ocupación.

También establece la necesidad de dejar constancia “expresa de la voluntad del denunciante, víctima o perjudicado favorable a solicitar la medida cautelar de desalojo de los ocupantes del inmueble”. El objetivo es dejar lo más cerrado posible el material probatorio de la ocupación ilegal.

La Fiscalía General del Estado recuerda a las Fuerzas de Seguridad que deben garantizar la “máxima celeridad” en la remisión al ministerio público de todos los atestados y no sólo de aquellos que tengan entrada en el juzgado de guardia. Quiere también que se cite a los ocupantes a la mayor brevedad con la obligación de aporte el título que acredite que pueden legitimar la posesión del inmueble.

Todos los responsables territoriales de las Fiscalías trasladarán este criterio a los responsables de las Fuerzas de Seguridad en su zona. Los fiscales pedirán “en primer término” la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble a sus propietarios cuando se aprecien “delitos sólidos” de allanamiento o usurpación del bien. El objetivo es impedir que la situación de ocupación se prolongue en el tiempo.

La instrucción protege sobre todos a los propietarios particulares, pero también a las entidades privadas cuando se constate riesgo de quebranto relevante para los bienes jurídicos que se trata de proteger. No obstante, Delgado insiste en que en el caso de la medida de desalojo habrá que ponderar los “intereses en conflicto” y la posibilidad de que el ocupante acredite su derecho.

La fiscal general del Estado anunció en la apertura del año judicial que «en los próximos días» dictaría una instrucción para todos los fiscales que aborde el tratamiento de la ocupación, que considera un «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica», tras registrarse 7.540 ocupaciones en el primer semestre, según los datos del Ministerio del Interior.