El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha ordenado abrir diligencias de investigación contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, para analizar si ha podido incurrir en «injurias y amenazas al Estado y a la Guardia Civil», al afirmar que es momento de dar «jaque mate» al instituto armado.

En declaraciones a Europa Press, Calparsoro ha afirmado que este martes por la mañana ha recibido del Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, un escrito en el que denuncia estas palabras de Arraiz tras la operación «Mate», en la que fueron detenidas 16 personas, doce de ellos abogados de presos de ETA.

La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma Vasca es la competente para incoar diligencias contra Hasier Arraiz, ya que éste es aforado por su condición de parlamentario en la Cámara legislativa vasca. Tras recibir la comunicación de Urquijo, Juan Calparsoro ha resuelto abrir una investigación.

De esta forma, analizará las manifestaciones del líder de Sortu, que aseguró que es el momento de dar «jaque mate a la Guardia Civil». El Delegado del Gobierno en el País Vasco cree que calificar al Estado de «terrorista» o amenazar con «dar jaque y mate a la Guardia Civil» suponen «injurias y amenazas al Estado y a la Guardia Civil, que no pueden quedar impunes».

En su opinión, «la discrepancia radical con una actuación del Estado de Derecho no puede servir nunca de excusa para la injuria ni para la amenaza». «No debiera ser necesario recordar que las detenciones realizadas ayer no son fruto del capricho de nadie, sino la consecuencia de un intenso trabajo de las FSE y ordenadas por el titular del Juzgado número seis de la Audiencia Nacional», ha indicado.

Carlos Urquijo ha advertido de que «nadie está por encima de la ley» y, «menos aún los representantes políticos, que deben dar ejemplo ante la ciudadanía de acatamiento a la misma». «Tildar de Estado terrorista al Estado de Derecho y hablar de dar ‘jaque mate’ a la Guardia Civil, viniendo del portavoz de un partido heredero de formaciones ilegalizadas por formar parte de ETA, se convierten en ataques y amenazas de tal gravedad que no pueden ser despachados como una mera crítica política y merecen la respuesta que el Código Penal señala para estos casos», ha concluido.

EUROPA PRESS