La Fundación Caja Madrid mantiene contactos desde esta semana con dos fiscales anticorrupción en excedencia para cerciorarse de que puede reclamar los gastos cargados a las tarjetas ‘B’ de la antigua caja de ahorros, según han informado a Europa Press en fuentes de la fundación.
En concreto, la Fundación ha contratado como asesores para este proceso a Adriana de Buerba, socia del área de Derecho Penal Económico del despacho Pérez-Llorca y a Jesús Santos Alonso, socio del área de Penal de Baker & McKenzie.
Además, la fundación contará con el asesoramiento de la consultora Grant Thornton, especializada en informes ‘forensic’, según publica este martes ‘Expansión’. «Tenemos que tener la certeza de que se puede o no reclamar», han explicado a Europa Press en fuentes de la Fundación Caja Madrid.
Las fuentes han recordado que la Fundación hereda la parte social y cultural de la antigua caja madrileña. La dirección de Fundación Caja Madrid se está reuniendo desde esta semana con estos asesores, con el fin de dilucidar «cuanto antes» la posibilidad de reclamar lo gastado por los exconsejeros mediante tarjetas ‘B’.
Ahora bien, apelan a la prudencia a la espera de un «informe exhaustivo» sobre las posibilidades jurídicas de la Fundación en este proceso.
El escándalo sobre las tarjetas ‘B’ ha salpicado a la Fundación desde el primer momento en el que saltó a la luz pública. Un día después de que Anticorrupción pidiera investigar a 86 directivos de Caja Madrid por cargar a la entidad gastos privados por 15 millones, la presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, Carmen Cafranga, presentó su dimisión.
