Aplicar la ley, en ocasiones, puede salir muy caro, y no solo para el contribuyente.

Esta historia tuvo lugar hace escasos años en la pequeña ciudad de Stringtown, en Oklahoma (EEUU), un antiguo asentamiento indio de unos 400 habitantes donde las autoridades instalaron un radar que sancionaba a los conductores cuando superaban en 15 kilómetros la velocidad permitida, la cual estaba limitada a 90 km/h. 

Stringtown fue probablemente la trampa de velocidad más famosa del estado. Puede escribir las palabras «trampa de velocidad en Oklahoma» («Oklahoma speed trap«) en su motor de búsqueda y acabará leyendo sobre esta localidad en el sureste del condado de Atoka.

El aparato, que regulaba un tramo de 6 kilómetros en la famosa Ruta 69, una de las más transitadas del país, llegó a recaudar casi medio millón de dólares al año en infracciones por velocidad. Concretamente en 2013 las arcas del pueblo engordaron en 483.646 dólares, solo en multas… se llegaron a emitir hasta 30 al día.

Tras de una investigación solicitada por la oficina del fiscal general del estado, y propiciada por las denuncias de los propios ciudadanos, se determinó que Stringtown generaba demasiados ingresos a través de la emisión de sanciones. La ley estatal estadounidense prohibe que los municipios generen más del 50% de sus ingresos en base a multas y las multas en Strington suponían el 80% de los ingresos del pueblo.

En 2012 los beneficios generados eran el 76% del total, y el 73% en 2013, por lo que el Departamento de Tráfico de Oklahoma se vio obligado a tomar cartas en el asunto en relación a una clara violación de la ley estatal.

A mediados de la década de 2000, a los agentes de policía de la ciudad se les despojó de su autoridad para emitir más multas a lo largo de la Autopista 69, y se aprobó el cierre del departamento como medida ejemplar.