A media noche arranca la campaña electoral catalana marcada por el sello de una incertidumbre política que ha paralizado a los empresarios, sin embargo los datos demuestran que la inversión extranjera se incrementó casi 400 millones durante el primer trimestre del año
Parálisis por el análisis. Esa es la tónica que predomina en el ambiente de los empresarios catalanes, españoles y extranjeros que, ante la incertidumbre política que se deriva de las elecciones del próximo 27 de septiembre, han decidido mantener sus inversiones a la expectativa.
La realidad, sin embargo, parece ser otra, y tal y como explicó el ministro de Economía Luis de Guindos el pasado lunes, durante un desayuno organizado por el diario El País «los mercados no lo entienden (la independencia) y por tanto no lo incorporan en sus estrategias». A tenor de los datos lo cierto es que los inversores no se creen la independencia. Según los datos del ministerio de Economía y Competitividad, las inversiones productivas en Cataluña durante el primer trimestre del año alcanzaron los 648.133.170 euros, lo que supone un incremento de más de 383 millones de euros con respecto al mismo periodo de 2014, que cerró con una volumen de 264.396.170 euros.
Así y debido en gran medida al «efecto sede» la región captó, entre enero y marzo de este año, un 29,4 por ciento del total de los flujos de inversión extranjera en España que superaron los 2.205 millones de euros. Si lo comparamos con la Comunidad de Madrid el volumen fue claramente inferior. La comunidad que preside la popular Cristina Cifuentes cerró el trimestre con un flujo de inversión bruta de 1.227,44 millones de euros, no obstante cabe destacar que esta cifra resultó ser 361 millones de euros inferior a la del mismo periodo del año pasado (1.588,99 millones).
Datos objetivos que no impiden que los empresarios estén poniendo negro sobre blanco sobre las posibles consecuencias que tendría una victoria en las urnas de Junts pel Si o lo que vendría a ser lo mismo, del independentismo. Los últimos en posicionarse mediante misivas de alerta y riesgo han sido CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), que en el punto cuarto del comunicado emitido ayer en el, además, respaldaban la carta conjunta de ‘Joan’ Rosell, presidente de CEOE, y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, destacaban que «las consecuencias de una hipotética secesión de Cataluña del resto de España, de la Unión Europea y del euro serían muy graves para la economía, para las empresas y para el bienestar de los ciudadanos, tanto de Cataluña como del conjunto de España».
Alto riesgo para las pymes
Efectos de una independencia que supondría, de facto, la autoexpulsión de Cataluña del euro, con la consecuente pérdida de financiación del Banco Central Europeo así como la retirada de los fondos de liquidez del estado (FLA). Eso sin contar la salida del espacio schengen, lo que impediría la libre circulación de ciudadanos y bienes -tanto con España como con el resto de Europa-, que quedarían gravados por el «efecto aduana y supondría unos costes enormes a los empresarios», ha explicado José Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, en declaraciones a Diario Financiero.
Bou ha puesto de relieve que serían el medio millón de pequeñas y medianas empresas catalanas las que más se verían perjudicadas «las pymes morirían por inanición porque no podrían salir de Cataluña». Y es que hemos de tener en cuenta que la comunidad que preside Artur Mas es la más exportadora de España, por delante de Madrid. Durante el primer semestre las ventas catalanas al exterior supusieron un 25,5 por ciento (casi 32.000 millones de euros) del total nacional y casi el doble que las madrileñas (14.389 millones).
Pero la economía catalana no sólo vive del exterior. Más del 57 por ciento de las ventas tienen como destino España y significan el 40 por ciento de su PIB o lo que en términos económicos se traduce en unos 45.000 millones de euros.
De producirse la salida de Cataluña de España, Bou estima que se perdería «entre el 15 y el 18 por ciento de las ventas tanto a España como al resto de Europa».
Mismas ideas sobre las que abunda la carta de Rosell y Bonet «las exportaciones catalanas se verían afectadas, ya que se encarecerían y perderían competitividad […] Y todos estos factores se traducirían en una menor actividad económica y, por tanto, menos empleo y unas peores condiciones de vida. El proceso soberanista afectaría particularmente a las pymes, al pequeño comercio y a los autónomos, ya que una reducción de la capacidad de consumo del ciudadano tendría una incidencia directa sobre sus negocios. Podríamos volver a ver situaciones como las vividas por la crisis de los últimos años».
Todo ello sin contar el, en palabras del presidente de Empresaris, «chorreo» de desinversiones y las deslocalizaciones no sólo de multinacionales -que proporcionan un 10 por ciento del empleo- y empresas, sino de entidades financieras como Banco Sabadell o Caixa.
Calma chicha
No obstante entre el conjunto de empresarios catalanes reina un ambiente de calma chicha. En este sentido José Bou ha afirmado que «afortunadamente hay gran parte del empresariado que opina que no se va a producir».
Lo cierto es que el día 27 los catalanes tienen que decidir entre dos caminos «que continúe Artur Mas y Cataluña entre en un bucle secesionista de futuro incierto y zozobra, o el de un acuerdo de mínimos en el que los partidos políticos apoyen a la lista más votada y Cataluña siga siendo referente de la economía española».
