La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez al considerar que fue una de las artífices del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones instaurada en Andalucía durante más de diez años.

La juez ha estipulado la fianza basándose en esta afirmación y calculando las ayudas registradas hasta diciembre del año 2003, justo antes de que Magdalena Álvarez abandonase su cargo en la junta.

También ha impuesto una fianza civil de 22,2 millones de euros a José Salgueiro, ex viceconsejero de Hacienda, y otra de 8,9 millones de euros al ex secretario general de la Consejería de Hacienda, Antonio Estepa Giménez, que ostentaban ambos cargos al tiempo que Magdalena Álvarez era consejera de Economía.

Según Mercedes Alaya estas medidas cautelares tienen como finalidad la «devolución en la medida de lo posible del dinero que ilícitamente salió del erario de la Junta» de lo cual los tres inculpados, en connivencia con otros, serían promotores.