La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.
La juez, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, señala que “el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento” judicial.
La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.
“La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el ‘fumus bonis iuris’ son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional”, ha dicho.
Así, la magistrada ha dado cinco días a la compañía aérea para que “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”, al mismo tiempo que ha advertido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que no haga el pago, avisando de que, en caso contrario, podrían derivarse responsabilidades criminales.
UN RESCATE EN DOS TRAMOS
El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.
El propio FASEE comunicó a la juez el pasado 14 de julio que en dos semanas se cumplía el plazo para efectuar el segundo pago del rescate a Plus Ultra, por importe de 34 millones de euros, ante lo cual Collazos dio traslado a las partes para que se pronunciaran.
La Abogacía del Estado, que representa a los miembros del Consejo Gestor del FASEE, alegó que se debería pagar, reivindicando “la plena legalidad del apoyo financiero otorgado” a Plus Ultra, aunque subrayando que, dado que no tiene “particular interés” en que se haga el desembolso, comparte el “principio de prudencia”.
La Fiscalía de Madrid, por su parte, interesó “requerir a Plus Ultra a efectos de que en el término más breve posible acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros (…) para pago a acreedores, proveedores, etc”.
La SEPI, a través del FASEE, concedió “un apoyo financiero público temporal” a Plus Ultra, a petición de la propia aerolínea, que se estructuró en dos partes: un préstamo ordinario de 19 millones de euros con vencimiento a cinco años que ya se ha entregado, y un préstamos participativo de 34 millones a devolver en siete años, que estaba pendiente y ahora se ha suspendido.
Collazos ya ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública a Plus Ultra.
