La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha criticado que los partidos políticos usen como arma política los tribunales y vayan «corriendo» a presentar denuncias o querellas «sin mucho fundamento» porque, a su juicio, «enturbian la convivencia», generan desazón e inquietud, y finalmente tanto los tribunales como los ciudadanos perciben que «no es serio».

En una entrevista la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha explicado que esta judicialización de la política (el conocido como ‘lawfare’) no es nueva y trata de «utilizar como arma política a los tribunales», por lo que ha apelado a la seriedad de las instituciones dado que puede derivar en «quiebras» en la convivencia ciudadana.

Sobre las críticas que desde el ámbito político se lanzan no solo hacia el poder judicial sino hacia determinados jueces y magistrados, Tardón ha indicado que «ayudar no ayudan», y ha añadido que no obstante los jueces tienen «las espaldas bien anchas» porque están acostumbrados a que se cuestione su trabajo. Además ha explicado que es normal en el ejercicio del poder público y deben someterse a controles tanto legales como de la opinión pública.

Pero ha puntualizado que el problema surge cuando de la crítica se pasa al desarrollo de «verdaderas campañas de desprestigio que vienen o bien de fuentes de poder importantes, de otros poderes del Estado, o bien de gente que tenga poder de otra naturaleza, económico fundamentalmente». Ahí, lamenta, se puede socavar la imagen de la justicia en general.

Al hilo, sobre los juicios paralelos que se producen en las redes sociales, ha indicado que los jueces deben «abstraerse del ruido», aunque ha advertido de que en ocasiones hay hechos que no son estrictamente libertad de expresión porque comportan «un ataque a circunstancias familiares, a personas del entorno o intimidación». Así, ha apuntado que por ejemplo no se pueden tolerar ‘escraches’, y que lo que supere esa libertad de expresión, que entiende que a veces llega a ser «muy zafia y grosera», no debe estar dentro de lo lícito y se deben acometer las acciones oportunas y reconducirse. «Ahí probablemente el Consejo (CGPJ) tenga mucho que decir en esa materia», ha apostillado.

EL TRASPASO DE LA COMPETENCIA DE PRISIONES

Respecto a otros aspectos en los que los intereses de lo político y lo judicial se entrecruzan, la jueza ha preferido ser prudente, aunque por ejemplo sobre el traspaso de las competencias en prisiones que se prevé que se materialice para este mismo año con el País Vasco, ha apuntado que, ante la posibilidad de que se produzcan conflictos entre tribunales sentenciadores y las juntas de tratamiento de las prisiones, ya hoy en día «no es infrecuente».

Preguntada por las tensiones por los terceros grados de los presos del ‘procés’, ha indicado que pueden surgir problemas cuando por ejemplo las decisiones de la junta de tratamiento desvirtúan el propio contenido de la sentencia y de la condena impuesta, pero ha añadido que el Tribunal Supremo «está marcando afortunadamente una jurisprudencia en esa materia» que servirá a todos los jueces en su relación con cualquier órgano penitenciario donde se pueda dar esa eventualidad.

Si bien no ha querido pronunciarse tampoco sobre la opinión que le merecen reformas como la del Código Penal que incluye modificar el delito de sedición, sí que ha afirmado que determinadas reformas, como la última referente a la paralización de nombramientos en el poder judicial, «no pueden hacerse o aprobarse por la puerta trasera». «Un proyecto del propio Gobierno necesariamente tendría que haber pasado por el trámite de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pidió informar y no se le admitió esa posibilidad», ha incidido.

LA ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL HACE RECELAR DE LA REFORMA DE LA LECRIM

En cuanto a la reforma que impulsa el Ejecutivo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que supone que los fiscales dirijan la instrucción en detrimento de los jueces, Tardón ha dicho que si bien no le parece mal que el papel protagónico sea del fiscal, antes es necesaria una reforma del Ministerio Público que aleje cualquier sombra de duda sobre su independencia.

«Es el sistema de designación, desde la Fiscalía General del Estado hasta los órganos del Ministerio Fiscal, lo que hace recelar» de este cambio, ha señalado, para añadir que además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto de manifiesto en varias sentencias que la Fiscalía «no es un órgano que esté exento de injerencias de carácter político».

Sobre el órgano de gobierno de los jueces –al que es candidata por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria–, cuya renovación lleva bloqueada por falta de acuerdo político desde 2018, ha indicado que los vocales de procedencia judicial deben ser elegidos por los mismos jueces, y ha subrayado que no puede haber recelos de la extracción sociológica o demográfica de la carrera judicial porque los estudios que se hacen demuestran «pluralidad».

Además, ha indicado que como candidata ve necesario que ese nuevo consejo que surja apoye a la función jurisdiccional, y ha explicado que su dilatada experiencia «puede ser muy importante» porque tiene un adecuado conocimiento de los problemas de los jueces desde que ingresan hasta que llegan a puestos relevantes. Además, ha mencionado que hay falta de personal, de recursos y una gran carga de trabajo. Al hilo, Tardón ve con buenos ojos que los miembros del CGPJ se dediquen a su labor en el órgano con exclusividad y ha vuelto a criticar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno para impedir nuevos nombramientos hasta que no se renueve. «Es algo muy triste, espero que el Consejo tome alguna determinación, (…) estamos ante una situación en que dos poderes del Estado se conjuran para dejar sin capacidad de actuación al tercer poder del Estado. Esto es algo inaudito», ha dicho.

Sobre su experiencia al frente de uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, ha señalado que la situación de colapso ha empeorado con la pandemia y que están cortos tanto de personal como de medios, pero como en general en la Justicia. «La Justicia es siempre como la hermana que va heredando todo lo que van dejando los demás», ha dicho, para luego demandar más infraestructura y más personal para gestionar la ingente cantidad de actuaciones que están pendientes. Y ante la voces críticas con este tipo de órgano especializado central, ha indicado que en caso de que tuviera que hacer algo ella, sería «ampliar sus competencias». «Creo que quien quiera de verdad cuestionarlo –el papel de la Audiencia Nacional– o bien no conoce como se tramitan las actuaciones judiciales o bien oculta otros intereses e intenciones», ha apostillado.

Sobre esa ampliación de competencias, ha señalado por ejemplo que incluiría la lucha contra la trata de seres humanos, que a su juicio se debería regir «por los mismos principios que el delito contra la salud pública». Así, en el momento en el que afectara a más de un territorio debería seguir los cauces de la Audiencia Nacional porque además, añade, ese tipo de delito tiene un componente transnacional que un órgano territorial no puede atacar con toda la integridad.

«Una mujer víctima de trata no te contesta por mucho que la protejas, y no irá contra su chulo o explotador porque en su país de origen tiene familia que va a sufrir represalias», ha dicho, para luego afirmar que no es solo que esté bien justificada la competencia de la Audiencia Nacional sino que incluso permitiría que hechos delictivos de esa naturaleza fueran perseguidos adecuadamente.