La Junta Única de Resolución (JUR) tiene previsto comenzar a escuchar a los antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular para adoptar una decisión final sobre la necesidad de compensarlos por la resolución de la entidad y su venta al Santander en junio del año pasado.
La JUR, tras haber recibido el informe de ‘Valoración 3’ final del Banco Popular, está preparando las próximas etapas del proceso, entre las que se incluye una consulta.
En una nota, la JUR recordó que tras cualquier acción de resolución tiene que asegurar que se respeta el principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores.
Para ello, agregó, después de que las acciones de resolución se hayan llevado a cabo, se tiene que realizar la llamada ‘Valoración 3’ por una persona independiente lo antes posible.
Esta valoración determina si los accionistas y acreedores habrían recibido un tratamiento mejor si la institución hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.
A este respecto, la JUR confirma que el valorador independiente del Banco Popular, que es Deloitte, ha proporcionado el informe final de ‘Valoración 3’ en los términos convenidos con la Junta.
Tras recibir el informe, la JUR está preparando su decisión, para lo cual se han de respetar una serie de etapas procesales esenciales, siendo una de ellas el conceder derecho de audiencia a los accionistas y acreedores afectados. Posteriormente la JUR adoptará su decisión final. Con el fin de asegurar el ejercicio efectivo del derecho de audiencia, la Junta publicará su propuesta de decisión y una versión no confidencial del informe de ‘Valoración 3’ final.
En este sentido, la Junta subrayó que el derecho de audiencia es fundamental en Derecho Europeo que se otorga a las personas afectadas por una medida individual de un órgano de la UE.
En este procedimiento en particular, el proceso se realizará en dos fases. En una primera fase, la JUR abrirá un proceso de registro en el que todos los antiguos accionistas y acreedores del Popular concernidos podrán mostrar su interés en ejercitar el derecho de audiencia con respecto a la propuesta de decisión de la Junta.
Tras el periodo de registro, la JUR anunciará los detalles de la segunda fase, en la que los accionistas y acreedores que se hayan registrado serán invitados a proporcionar sus comentarios.
Después de analizar los comentarios aportados, la Junta adoptará una decisión final sobre la necesidad de compensar a los accionistas y acreedores afectados.
La JUR señaló que va a seguir todas las etapas procesales necesarias y comunicará los plazos previstos a mediados de julio. Posteriormente, “poco después”, publicará su propuesta de decisión y el informe de ‘Valoración 3’.
PRICEWATERHOUSECOOPERS (Pwc) SANCIONADA POR «INFRACCIONES GRAVES» EN LA AUDITORIA AL BANCO POPULAR
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles una sanción del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a PriceWaterHouseCoopers (PwC) por “infracciones graves” en la auditoría de las cuentas de Banco Popular de 2012. El importe roza los 270.000 euros.
En concreto, se publica una resolución de 25 de abril del ICAC por la que se dan a conocer las sanciones por infracciones graves impuestas a PwC y a su socio auditor José María Sanz.
En la misma se recoge que PwC y el socio sancionado han incurrido en el incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas del ejercicio 2012 de Banco Popular.
Por ello, se decide imponer a la sociedad de auditoría dos sanciones de multa por importe del 0,12% y del 0,15% de los honorarios facturados por la sociedad por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de las sanciones. Así, las multas ascenderían a 119.908 euros y 149.885 euros (suman 269.793 euros).
A ello se une imponer a José María Sanz dos sanciones de multa por importe de 3.200 euros y 3.400 euros.
Por otra parte, el BOE publicó una resolución que declara a Deloitte y al socio auditor Javier Parada, firmante del informe de auditoría, corresponsables de la comisión de dos infracciones graves al haber incurrido en el incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas del ejercicio 2011 de ACS.
De esta manera, se imponen a la sociedad dos sanciones de multa por importe del 0,1 % de los honorarios facturados por la misma por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de las sanciones, por lo que cada multa ascendería a 133.630 euros (267.260 euros en total). A Javier Parada se le imponen dos sanciones de multa por importe de 3.000 euros.
