El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha apoyado el «derecho al olvido» que ha sido defendido por España. Ha dicho el tribunal que Google tiene que retirar los enlaces a informaciones ya publicadas en años anteriores si se hace comprobación de que perjudican a un ciudadano y ya no tienen por qué estar ahí.

Si una persona solicita al buscador la eliminación de la información y se comprueba que esos enlaces son incompatibles con la actual directiva de protección de datos personales, la información debe eliminarse.

Y el Tribunal con sede en Luxemburgo ha ido más allá. Ha señalado que estos motores tienen la responsabilidad del tratamiento que se de a los datos personales que aparecen en sus páginas publicadas por otra personas. Si Google no atiende las peticiones de los usuarios, éstos podrán ir a las autoridades que tienen la potestad de ordenar que se elimine ese contenido. Eso sí, ha señalado el TJUE que habrá que mirar caso por caso y ver si prevalece el interés del usuario según el papel de éste en la sociedad y la vida pública.