Es la noticia del día, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta mañana lo anunció la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que compareció ante la presa acompañada del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la Ministra de Fomento, Ana Pastor.

Esta modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizará la justicia penal reduciendo los plazos de las causas. De esta forma, las causas sencillas tendrán un máximo de 6 meses y las complejas de 18, ambas con posibilidad de renovación siempre y cuando lo autorice el juez. Otra de las medidas relacionadas con esta ley es que cada delito generará una causa y cada causa generará una sentencia. En este sentido, Rafael Catalá manifiesta que se acortarán los plazos, por lo tanto, se agilizará procesos tan complejos como el de los ERE de Andalucía o el caso Gürtel.

Otro cambio en esta ley será que el calificativo de “imputado” será sustituido por “investigado” para las personas que participen en el proceso durante la investigación y serán “encausados” cuando se abra el juicio oral. El Ministro de Justicia ha adoptado esta medida para evitar la culpabilidad de las personas que, por una razón u otra, participan en una investigación judicial. Pero estos no son todos los cambios que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros porque, entre otras, se incorporarán las nuevas tecnologías a las investigaciones y se revisarán las sentencias que dicte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por otro lado, la ley incluye medidas para la lucha contra la corrupción. De esta forma, los poderes públicos tendrán mayor capacidad para recuperar el fruto del delito y la justicia podrá incautar bienes en todo el conjunto de la persona que origine el robo. Además, se mejorará la capacidad de investigación para descubrir a todas las personas y empresas que participen en el caso de corrupción y poder incautar así todos los bienes del decomiso.

Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario

Esta mañana se ha aprobado también un Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, que buscará establecer un marco jurídico que permita seguir desarrollado un modelo ferroviario de máxima calidad, además de incrementar la oferta tanto en pasajeros como en el transporte de mercancías e integrar la regulación española a la normativa europea de transporte. Para llevar a cabo esto último, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció que ya se están tomando las medidas necesarias para adecuar las vías españolas a las del resto de Europa, que son menos anchas.

Otras medidas relacionadas con esta temática son la supresión del canon e acceso a las vías, se introducirán bonificaciones para los que hacen mayores actividades en el transporte de mercancías y se imponen nuevas condiciones de transparencia para la actuación ed los administradores de las infraestructuras. Con esto, los operadores aportarán al Ministerio de Fomento  información sobre la actividad y contabilidad de la empresa y poder garantizar así una mayor transparencia. Además, las empresas deberán llevar por separadas las cuentas sobre la mercancía y los viajeros. Por otro, lado, se reforzarán las sanciones por vulneración de los derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.

Otras medidas aprobadas

El Consejo de Ministros también ha aprobado medidas relacionadas con la inspección de trabajo y la seguridad social y los profesionales sanitarios.

El Anteproyecto de Ley ordenadora del sistema de inspección de trabajo de seguridad social sienta las bases para un nuevo modelo de organización de inspección de trabajo y seguridad social basado en un fortalecimiento institucional y una mayor participación de las Comunidades Autónomas. Con esto, se busca un nuevo modelo más coordinado y eficaz en el que las inspecciones de trabajo se van a configurar como un organismo autónomo de nueva creación que va estar adscrito al ministerio de empleo y en el que las Comunidades Autónomas prestarán sus servicios. Esta medida busca un funcionamiento más cohesionado y garantizará la unidad en el ámbito del mercado de trabajo. Además, creará una oficina nacional de lucha contra el fraude que tendrá como funciones detener el fraude, programar y ejecutar acciones inspectoras y la evaluación de los resultados. Este grupo luchará también contra la siniestralidad laboral.

Por otro lado, el Real Decreto Catálogo Homogéneo de Equivalencia de las Categorías Profesionales trata de garantizar la movilidad de los sanitarios por todo el territorio español con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia y haciendo efectiva su movilidad.

Yasmina Pena