La nueva Ley de Telecomunicaciones habilitará a las administraciones públicas a prestar servicios de telecomunicaciones directamente, así como instalar, desplegar y explotar redes, sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora.

Esta es una de las propuestas incorporadas al proyecto que tramita el Congreso, que esta semana ha concluido su fase de ponencia para pasar a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja. Allí se someterá a votación, junto con el resto de enmiendas que queden ‘vivas’, previsiblemente a finales de este mes.

Según han informado fuentes parlamentarias, el proyecto ha avanzado tras incorporar enmiendas principalmente de PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC y Cs, aunque también de Vox, PDeCAT, Junts, PNV, BNG y Compromís.

LA LEY OBLIGABA A HACERLO A TRAVÉS DE UN TERCERO

Entre las aportaciones, la ponencia ha incorporado las propuestas de ERC y PDeCAT para acabar con la limitación de las administraciones públicas, que únicamente podían prestar estos servicios e intervenir en las redes a través de entidades o sociedades dedicadas a ello.

Una limitación ya establecida en la vigente Ley General de Telecomunicaciones que, esgrimen estos grupos en sus enmiendas, afectaba especialmente a ayuntamientos para instalar y explotar redes, llegando a impedir intervenciones dirigidas a mejorar la conectividad en su territorio.

La propuesta, explican, elimina el requisito de actuar a través de otra sociedad o entidad, por lo que en los casos que se mantenga la necesidad de notificar o inscribirse en el Registro de operadores, esta notificación y el cumplimiento del resto de condiciones puede llevarse a cabo directamente por la administración.

PRECIO FINAL Y CONDICIONES DE RESOLUCIÓN EN EL CONTRATO

Ambas formaciones también han incluido otra modificación para asegurar en la ley que las administraciones competentes, también autonómicas, puedan exigir compensaciones a los operadores por el uso de infraestructuras de su titularidad.

Asimismo, ERC ha incluido una modificación relativa a las condiciones de contrato, que deberá proporcionar información sobre el precio total, impuestos y tasas incluidas, y también las condiciones y mecanismos para la resolución del contrato, así como los posibles costes o penalizaciones asociados.

Otras aportaciones de ERC son el reconocimiento legal del derecho del consumidor a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación adicional o un informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la imposición de condiciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos al autorizar concesiones para el uso del dominio público radioeléctrico.

SE REBAJAN A LA MITAD EL PLAZO PARA SOLICITUDES DE OCUPACIÓN

Por otro lado, a propuesta de Ciudadanos, se reducen de cuatro a dos meses los plazos de resolución de solicitudes de ocupación, se ajusta la capacidad de la Administración para facilitar algoritmos ante amenazas para la seguridad, y se hace responsable a la misma de cualquier filtración de algoritmo o dato confidencial que se encuentre bajo su custodia.

Asimismo, se habilita la posibilidad de contratar físicamente en tienda o a través de un número gratuito el abono social contemplado en la nueva ley para el acceso a Internet de banda ancha o servicios telefónicos.

Por parte de Unidas Podemos, el proyecto incorpora una modificación de la Ley Orgánica del poder Judicial para dar competencia al Tribunal Supremo a la resolución de los acuerdos de intervención o explotación de redes y que la citada resolución de concesión o denegación agote la vía administrativa y sea recurrible a partir de ahí por la vía judicial.

LOS OPERADORES TENDRÁN 2 AÑOS PARA CUMPLIR CON NUEVAS OBLIGACIONES

Por otro lado, algunas de las propuestas del PP aceptadas pasan por dar al Gobierno tres meses para regular por decreto los datos e información necesarias para el suministro de redes y provisión de servicios, la obligatoriedad de medidas de accesibilidad, y nuevos plazos para la entrada en vigor de las disposiciones sobre contratos y derecho a la información de los mismos, de hasta dos años una vez se apruebe la ley.

Asimismo, también se permite con una enmienda a obligar a los propietarios de edificios a dejar instalar red en su propiedad si no existe una alternativa viable.

Finalmente, a propuesta de Junts el proyecto ha incorporado la obligación de incluir en los estudios geográficos previsiones de alcance y extensión de banda ancha.