El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, avanzó este martes algunas de las medidas de la futura Ley de Vivienda acordada por los socios de Gobierno, que contempla «un paquete muy potente de bonificaciones fiscales» para los propietarios.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Bolaños se ha referido, en concreto, a una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior, y confirmó que para los grandes tenedores (con más de 10 viviendas alquiladas) habrá medidas para controlar los precios en las zonas tensionadas.

Bolaños, que también ha confirmado que habrá un recargo en el IBI para las viviendas vacías, ha asegurado, no obstante, que la nueva norma tendrá en cuenta «las distintas competencias existentes en la materia», tanto autonómicas como municipales, por lo que indicó que deben ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas.

El acuerdo sobre la Ley de la Vivienda era uno de los últimos escollos entre el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Los PGE se tratarán en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este jueves, pero la Ley de Vivienda tendrá que esperar unas semanas más.

«No tenemos todavía fecha para aprobar la Ley de Vivienda. Será en Consejos de Ministros posteriores», ha comentado Bolaños. Después de su aprobación, se remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Bolaños se ha referido a la futura normativa como «una ley muy ambiciosa» que será «esencial» para garantizar el derecho a la vivienda entre «la gente que tiene mas dificultades» y que incluirá también, según ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un bono social para los jóvenes de entre 18 y 35 años, para ayudarles a su emancipación.

Este bono social será de 250 euros y se extenderá durante dos años. «Es una cantidad nada despreciable», ha insistido Bolaños.

EL CONTROL DE PRECIOS SOLO AFECTARÁ A PERSONAS JURÍDICAS

A la espera de conocer los «detalles técnicos» de la Ley de Vivienda, la normativa prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.

Del mismo modo, se considerará grandes propietarios a aquellos que tengan diez inmuebles o más. Fuentes del Gobierno indicaron que el control de precios a grandes propietarios solo se aplicará a personas jurídicas, no así a personas físicas, aunque tengan más de 10 inmuebles arrendados.

La nueva ley de vivienda también contempla espera destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.

150.000 pisos podrían ver regulado su precio

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas.

«Esa podría ser una cifra, pero hay que dejar que vaya operando el mecanismo y hacer un análisis de cómo vaya evolucionando el mercado», ha subrayado la ministra en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

La ministra ha explicado que la limitación de precios del alquiler, siempre que la activen las comunidades autónomas, está pensada para grandes tenedores (más de 10 viviendas en propiedad) constituidos como personas jurídicas.

Para los pequeños propietarios, ha dicho, la ley no les obligará a topar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos. «Los incentivos van a estimular mucho la bajada de precios del alquiler», ha afirmado Sánchez.

Serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos para limitar los precios de los alquileres que va poner a su disposición la futura Ley de vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

Si quieren aplicarlos, deberán solicitar la declaración de una zona tensionada de mercado. La ministra ha precisado que, aunque faltan por concretar algunos términos de la redacción de la norma, se considerará zona tensionada como aquella en la que se han producido unos incrementos determinados de precios durante los últimos años y en las que el esfuerzo del inquilino para alquilar supere unos porcentajes concretos.

«No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables», ha subrayado la ministra, que ha indicado que esta ley respeta las competencias autonómicas.

«Ofrecemos un marco jurídico que establece cierta homogeneidad. A partir de aquí, cada comunidad autónoma en función de su situación decidirá aplicarlo o no y allá ellos con los impactos que se puedan producir. Pero nosotros teníamos que actuar», ha afirmado la ministra al ser preguntada por la anunciada negativa del PP a aplicar esta ley en las comunidades donde gobierna.

200 MILLONES DE EUROS ANUALES PARA EL BONO JOVEN

La ministra ha avanzado que el ‘bono joven’ para el alquiler de vivienda que se incluirá en la norma costará 200 millones de euros anuales y beneficiará aproximadamente a entre 40.000 y 50.000 jóvenes.

El ‘bono joven’ de vivienda, que tendrá una duración de dos años, estará dotado con 250 euros mensuales e irá dirigido a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. En los casos de las familias más vulnerables este ‘bono joven’ podrá completarse con ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.

«Para los jóvenes, que hasta ahora han tenido imposible poder desarrollar su proyecto vital, con las medidas que se están activando vamos a cambiar mucho su expectativa de acceder a una vivienda», ha destacado la ministra.

ESPAÑA

Sánchez ha afirmado que con esta ley «hay regulación, no intervención», y ha asegurado que España «seguirá siendo un país atractivo» para hacer inversiones en el mercado inmobiliario y, en ese sentido, ha querido mandar «un mensaje de tranquilidad».

«Establecemos una serie de medidas que no hacen totalmente inviable a los grandes fondos de inversión que inviertan en nuestro país (…) Sigue siendo atractivo. Ayer veíamos como esas grandes empresas que cotizan en Bolsa no tuvieron un impacto negativo con este anuncio», ha señalado la ministra, que ha insistido en que esta ley era necesaria para poner «freno» en un mercado, el del alquiler, que está «desbocado» en las grandes ciudades.

«Con esta ley nos ponemos en los niveles de los países europeos del entorno y no creo que hagamos una barbaridad. Sinceramente lo digo», ha enfatizado la ministra.

Asimismo, Sánchez ha destacado que no sólo se está activando la Ley de Vivienda para contener los precios y regular el acceso a la vivienda, sino que hay otros proyectos en marcha para generar un parque de vivienda pública destinada al alquiler, como el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, que prevé la creación de un parque de vivienda asequible destinada a alquiler de más de 100.000 viviendas.