El Gobierno recurrirá «de inmediato» la resolución que ha sido rechazada por ‘todos los grupos democráticos’
Artur Mas se sale con la suya. Al menos provisionalmente ya que la ‘locura independentista’ tiene los días contados. El Parlament ha aprobado la resolución con la que se da el primer paso para constituir lo que pretende ser la república independiente de Cataluña.
Tal y como estaba previsto el documento ha contado con el respaldo mínimo de los 62 votos de los diputados de Junts pel Si y de los 10 de la CUP frente al rechazo unánime del resto de los grupos democráticos que conforman la cámara catalana, inclusive los de Catalunya Si que es Pot, cuyo portavoz Joan Coscubiela, no ha dudado en calificar de «declaración de insurgencia tan curiosa como inviable» la propuesta rupturista.
Sin embargo y a pesar de la euforia de Raúl Romeva, diputado y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, quien ha afirmado que «ésto ya no tiene forma de pararse», negando además la validez de los «instrumentos legales», el equipo de Mariano Rajoy tiene todos y cada uno de los pasos medidos para frenar la ilusión secesionsta.
De hecho, era el propio Presidente quien hace unos minutos anunciaba en Béjar (Salamanca) que «acabo de firmar la solicitud de dictamen al Consejo de Estado para la interposición de recurso de inconstitucionalidad». El documento ha sido solicitado con carácter de urgencia «en 24 horas» por lo que mañana martes se elevaría la propuesta de acuerdo y el miércoles se produciría la «inmediata suspensión de esta iniciativa», por parte del Tribunal Constitucional. A partir de este momento y durante un periodo de cinco meses «la declaración no producirá ninguno de sus efectos».
Mas no acatará
Las intenciones de los independentistas pasan por no acatar la decisión que tome el TC. Supuesto que ya preveía el Gobierno y que permitirá hacer uso del Real Decreto Ley de Reforma del Tribunal Constitucional, aprobado a mediados del pasado mes de octubre, y por la que se otorgan instrumentos plenos al Alto Tribunal para hacer cumplir las resoluciones que dicte. Con todo cobra cada vez más fuerza la frase que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pronunciaba durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros de Hoy en la que afirmaba que, una vez emitida la resolución «los efectos de la desobediencia son inmediatos».
Consecuencias y resolución que tal y como ha detallado el Mariano Rajoy, «será comunicada a la presidenta del Parlament», Carme Forcadell y de los que espera surtan efecto «me gustaría no tener que tomar ninguna otra decisión». No obstante, el presidente del Gobierno ha dejado la puerta abierta a si es necesario aplicar el artículo 155 por el que se suprimiría la autonomía de Cataluña.
Unidad frente al desafío
Mariano Rajoy que mañana se verá en Moncloa con el líder de los socialistas Pedro Sánchez, afirmaba que «ni Cataluña se va a desconectar ni se va a producir ninguna fractura. Nadie va a perder ni su identidad ni perder la ciudadanía europea. Somos una de las grandes potencias y nación de ciudadanos libres e iguales. Vamos a preservar todo lo que hemos conseguido juntos, vamos preservar la democracia en toda España, desde la soberanía que reside en el conjunto de la nación». Para ello el Ejecutivo empleará «toda la fuerza de la Democracia, toda la ley y todo el estado de derecho».
Además, ha insistido en que frente al proceso secesionista «vamos juntos todos» y que la crisis en Cataluña se tratará «desde la unidad de las fuerzas políticas». Un mensaje que ha sido apoyado por Sánchez quien destacaba el «compromiso firme con la unidad e integridad de España. Apoyamos el recurso ante el TC para obtener la declaración de inconstitucionalidad y que se salvaguarden los derechos de los ciudadanos catalanes». Además ha querido destacar que la decisión tomada hoy por el plenario catalán «supone el mayor desafío y la violación de la democracia y el estado de derecho de nuestro país. Traicionan la voluntad de la mayoría de los catalanes».
El secretario general del PSOE iba un paso más allá y afirmaba que tras lo ocurrido hoy «se ha situado al Parlament fuera de la Comunidad Europa» y volvía a hacer un guiño a la necesidad de reformar la Carta Magna «es posible la renovación de las reglas de la convivencia colectiva, así como la satisfacción ordenada de las aspiraciones ciudadanas”.
Tanto el Gobierno como la oposición en pleno han apelado a la unidad de la ciudadanía frente al desafío, al sentido común que protege la democracia y a la preservación del clima de convivencia entre todos los españoles.
