La Mesa del Turismo de España reclama al Gobierno la suspensión de la entrada en vigor, el próximo 1 de octubre, de la modificación del Real Decreto por el que se obliga el registro documental en hospedaje y alquiler de vehículos a motor «dada la imposibilidad de cumplimiento de la norma para las empresas turísticas y potencial conflicto con la Ley de Protección de Datos».
«Comprendemos que el Ministerio de Interior y la Policía precisan de mecanismos de control para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, pero éste no es argumento para exigir a golpe de decreto que miles de empresas se vean abocadas al caos administrativo y a la incertidumbre de si serán multadas cuando les sea imposible cumplir con las nuevas obligaciones del registro documental de viajeros», asegura Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.
En su opinión, la actualización de este Real Decreto obliga que empresas de hospedaje, de alquiler de coches y operadores turísticos intermediarios faciliten de manera telemática información de clientes con un nivel de detalle excesivo, previendo además sanciones de hasta 30.000 euros en caso de infracción. Todo ello sumado a «farragosos procedimientos de reserva».
Desde la Mesa de Turismo se advierte que muchos viajeros serán reacios a ofrecer determinados datos personales y opten por otros destinos internacionales, con las consecuencias para el turismo español.
Además teniendo en cuenta que se manejan datos personales e información sensible, desde emails de contacto a tarjetas bancarias, «existe un elevado riesgo de colisión con la Ley de Protección de Datos, que es una normativa muy estricta en España».
«Es incomprensible que el Gobierno no escuche a los profesionales y empresarios del turismo, a quienes están en las dinámicas reales del día a día, y que imponga sin consulta alguna una norma que les impacta de lleno, tanto a ellos como a sus clientes», critica el secretario general de la Mesa del Turismo, lamentando la «reiterada insensibilidad hacia el primer sector de la economía española».
Sumándose a todas las organizaciones y patronales sectoriales que en las últimas semanas han manifestado su queja, la Mesa del Turismo lanza un último llamamiento urgente al Gobierno para que reconsidere la normativa, revoque la actualización del Real Decreto y se siente a dialogar con el sector privado para encontrar soluciones alternativas y viables.
