Según informó el grupo parlamentario en un comunicado, el portavoz adjunto en materia económica, Mario Garcés, considera que Montero también debería explicar las repercusiones sobre la actividad financiera de las administraciones públicas.

El límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, junto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, suponen el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que según establece el artículo 134 de la Constitución Española deben presentarse al Congreso de los Diputados antes del fin de septiembre, plazo que se ha incumplido de forma recurrente en los últimos ejercicios.

A juicio de Garcés, “la falta de aprobación del techo de gasto condena a nuestro país al inmovilismo”. “Un Gobierno incapaz de articular el procedimiento para la aprobación de las cuentas de 2020 comete una imprudencia intolerable”, subrayó.

Además, advirtió de que “la falta de aprobación de los Presupuestos está causando un sensible deterioro en la Hacienda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, que son proveedoras esencialmente de servicios públicos sociales”.