El pasado jueves Argentina se despertaba con otro nuevo escándalo que implicaba directamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Alberto Nisman la denunciaba por el presunto “acuerdo de impunidad” formalizado con Irán y cuyo objetivo sería encubrir a los  responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1.994 y en el que perdieron la vida 85 personas.

Esta mañana un muerto más se añadía a la fatídica lista. El propio Alberto Nisman aparecía muerto con un tiro en la cabeza en su apartamento de Puerto Madero. Las primeras hipótesis apuntaban a «un supuesto suicidio», ya que la documentación que el fiscal debía presentar hoy misma ante la Comisión de Legislación Penal se encontraba sobre la mesa de su escritorio. Sin embargo son varias las voces que avalan la tesis de «confabulación criminal» sostenida por el fiscal en el informe Amia y apuntan a una trama conspiratoria contra el fiscal. Entre ellas la de la diputada Patricia Bullrich que, en declaraciones a la prensa argentina afirmaba que Nisman «estaba muy amenazado».

De hecho, desde el mismo momento de la denuncia, el Gobierno Argentino reaccionaba emitiendo un comunicado de prensa en el que se cita texualmente que «el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista». En dicho comunicado se señala a la existencia de «temporales intereses electorales» en la acusación formulada contra Fernández de Kirchner. Por otra parte el nombre del fiscal aparece mencionado en uno de los párrafos «Nisman debería aclarar si la denuncia contra la Presidenta tiene alguna relación con la reciente decisión de separar a Stiuso de los Servicios de Inteligencia o con la cercanía del inicio del juicio por encubrimiento».

De hecho Nisman ya tiene  sucesor en el cargo, se trata del polémico fiscal Alberto Gentili. Un nombramiento que tampoco está exento de polémica, en primer lugar porque ha sido realizado por la kircherista y también demandada Procuradora General Alejandra Glis Carbó. Y en segundo lugar porque sobre Gentili pesan varias acusaciones por «violación de deberes de funcionario»  y «mala actividad jurisdiccional».

Lo cierto es que la falta de transparencia que se ha convertido en un constante del proceso -incluso según informan los medios argentinos se han requisado los teléfonos móviles de todos aquellas personas que «estén cerca del caso o intervengan en algún momento en él»-