La CEOE ha expresado su negativa a subir las cotizaciones sociales para engordar la ‘hucha’ de las pensiones durante la reunión que esta mañana han mantenido Gobierno, sindicatos y empresarios para tratar de acordar el llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), por lo que ahora se abre un nuevo escenario: un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, como ya pasó con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
«El Comité Ejecutivo de CEOE ha rechazado hoy la propuesta del Gobierno en relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad», ha defendido la patronal en un comunicado.
De este modo, la negativa de la CEOE a subir cuotas despeja el camino para un acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos, que sí han apoyado esta medida para afrontar el gasto que supondrá el pago de pensiones a los ‘baby boomers’, los nacidos entre 1958 y 1977. En este periodo nacieron casi 14 millones de personas, 2,5 más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes.
Fuentes del Gobierno han indicado a Europa Press que va a intentar este acuerdo con los sindicatos, que podría producirse esta misma tarde, cumpliendo así el plazo estipulado, que marcaba el 15 de noviembre como fecha tope para definir el MEI.
De hecho, fuentes sindicales han afirmado a Europa Press que esta misma tarde mantendrán contactos con el Gobierno para «reajustar» la propuesta que se les presentó en la mesa de negociación, consistente en una subida de cuotas del 0,6% durante diez años (un 0,4% correspondería a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador).
Los sindicatos, que aún mantienen algunas diferencias con el Gobierno respecto a su propuesta, confían en poder llegar a un acuerdo hoy mismo.
LOS EMPRESARIOS: «LA VACA YA NO DA MÁS LECHE»
Según la última propuesta conocida del Ejecutivo, la subida de las cotizaciones para el MEI empezaría a regir a partir de 2023 con el objetivo de engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros, y poder así hacer frente a los gastos futuros.
«Hoy hemos dicho NO a subir las cotizaciones sociales como pretende el Gobierno. No se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos, además de subida de luz, de carburantes, de costes laborales, etc. La vaca ya no da más leche», ha afirmado el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, en su cuenta de twitter.
CEOE y Cepyme han advertido de que aumentar las cotizaciones sociales y «hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas» tiene efectos negativos sobre el empleo y «va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones». «El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones», apuntan.
Además, consideran que la propuesta del Ejecutivo tiene «poco de intergeneracional», ya que, a su entender, «carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes».
«No es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas», concluyen.
ESCRIVÁ: EL MEI ES UNA «VÁLVULA DE SEGURIDAD» QUE NO RECORTA LA PENSIÓN
El MEI forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso, aunque su concreción no se incluyó en el proyecto de ley a la espera de poder acordarla con los agentes sociales antes de este lunes, 15 de noviembre. La idea es introducir lo que se pacte vía enmienda.
Este mecanismo tiene por objetivo preservar el equilibrio del sistema a largo plazo y la equidad entre las distintas generaciones de pensionistas.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido en los últimos días que su propuesta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional «no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento», a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que penalizaba a los pensionistas con recortes, especialmente a los más jóvenes.
«Este mecanismo simplemente genera una válvula de seguridad y da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad», subrayó Escrivá la semana pasada.
