El Consell ha aprobado un ajuste de 78 millones de euros y retenciones de crédito de 92

El órdago de Ximo Puig a Cristóbal Montoro se empieza a saldar con el trágala de Hacienda. Tras haberse aceptado en Madrid la rebaja de 730 millones de euros -de los 900 inicialmente exigidos a 170-, en los ajustes presupuestarios, el Consell aprobaba esta mañana un Acuerdo de No Disponibilidad de 78 millones, que se completarán con retenciones de crédito por importe de 92 millones.

La decisión tendrá un impacto de 11,2 millones de euros (0,19%) en sanidad y de 15,4 millones (0,36%) en educación. Cantidades ínfimas si tenemos en cuenta que ambas partidas cuentan con un presupuesto de gasto para este año de 5.909,14 y 4.295,57 millones de euros respectivamente.

En términos relativos será Presidencia el departamento en el que más impactará el ajuste. Así se retendrá un 4,17%, algo más de 10 millones de euros. Le siguen Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, con un 3,99% (13,6 millones); Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación con un 3,44% (902.000 euros); Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, con un 2,85% (8 millones); Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, con un 1,32% (3,6 millones); Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo, con un 1,17% (3,9 millones); y  Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con un 1,02% (9,9 millones). En el caso de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico no se dispondrá de un 0,67%, (1,6 millones), un mínimo que «se debe al área de nuevas tecnologías, considerada prioritaria para la modernización del conjunto de la administración», explica mediante comunicado el Consell.

el presupuesto de gasto para este año asciente a 5.909,14 millones de € en sanidad y 4.295,57 millones de € en educación

En relación al Plan de Ajuste la Consellería que dirige Vicent Soler está ultimando los detalles del documento que se remitirá, a su vez, al Ministerio de Hacienda y que, según se extrae de dicho comunicado, «blinda el gasto que financia los Servicios Públicos Fundamentales (Sanidad, Educación, servicios sociales y Dependencia)».

Tras la decisión  de esta mañana y una vez obtenido el visto bueno de Madrid, la Comunidad Valenciana recibirá la transferencia de los 750 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de este año, permitiendo, a su vez, el desbloqueo de los 1.800 millones de FLA extraordinario destinados a cubrir la desviación del déficit 2015.

Infrafinanciación

Desde hace años Comunidad Valenciana viene denunciando un déficit de financiación de 309 euros por debajo de la media por habitante. Una «situación de infrafinanciación» que, según fuentes próximas a la Generalitat habría sido reconocida manifiestamente por el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante las negociaciones.

«No nos llega ni para pagar los servicios públicos básicos», se lamentaba Vicent Soler, Conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, esta mañana durante una Jornada sobre Financiación Autonómica organizada por Fedea y BBVA. Soler que compartía foro con su colega andaluza, María Jesús Montero, y el director de presupuestos de la Xunta de Galicia, Miguel Corbo, ha demandado «con urgencia» un nuevo modelo de financiación autonómica «con el que se nos den los recursos suficientes para que lo cinco millones de ciudadanos de Valencia estén en las condiciones normales para recibir los servicios esenciales».

Beteta reconoció la «infrafinanciación» de Valencia en las negociaciones 

 

Durante su intervención el Conseller valenciano ha realizado una propuesta de cambio en tres tramos: garantía, es decir, los acuerdos sobre la dimensión mínima de las políticas de gasto público; suficiencia competencial, entendida como la asignación de los mismos porcentajes sobre los importes ingresados vía impuestos y que los excedentes que se produzcan en este sentido se destinen a un fondo de contingencia para la cobertura de la infrafinanciación de algunas regiones; y mayor autonomía y transparencia en el destino de una recaudación que «es oscura para las administraciones que no sean la central», afirmaba, y añadía que «hay que reflexionar sobre el papel excluyente de la Agencia Tributaria con respecto a las autonomías».

Soler, además, ha puesto el acento en el que considera el verdadero problema, el de los ingresos, abogando en este sentido por un sitema de bonus – malus que premie a las autonomías más eficientes. «Hay que repensarlo todo y pensar más en las funciones que en las administraciones», concluía.