La norma para contratar inmigrantes y parados para salvar las cosechas se tramitará como proyecto de ley

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El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el real decreto ley que permitirá contratar a parados e inmigrantes como temporeros para salvar las cosechas con el apoyo de 258 de los 350 diputados, un voto negativo y 91 abstenciones. Su tramitación se realizará como un proyecto ley por el procedimiento de urgencia.

Su defensa corrió a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien destacó que supone una “buena medida laboral al servicio del sector agrario” porque beneficia al empresario, ayuda a completar ingresos a trabajadores en desempleo o con pocos subsidios públicos y favorece a los ciudadanos con el “necesario abastecimiento”.

“Si disminuyera la oferta se produciría un incremento de precios que sería nocivo para todos los ciudadanos”, explicó, asegurando que “ninguna fruta, ningún producto debe quedarse sin recoger por falta de trabajadores”.

Se trata de una medida “excepcional” dada la situación también insólita que enfrenta el campo con las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad instauradas para combatir el Covid-19 que impiden la llegada de los temporeros habituales, muchos de ellos procedentes de otros países.

El real decreto ley permitirá reclutar para las labores del campo a los desempleados que cobran algún tipo de prestación o subsidio y compatibilizarlo con un sueldo por el trabajo en el campo, excluyendo sólo a aquellos que reciban la prestación por estar afectados con un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) declarado con ocasión del Covid-19.

La normativa habilita la excepcional contratación también para autónomos perceptores de la presentación por cese de actividad o aquellos en suspensión de empleo (siempre que el ERTE no haya sido tramitado por el coronavirus), a trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya durante el periodo de alarma y jóvenes de entre 18 y 21 años de fuera de la Unión Europea que residan en España.

El cierre de las fronteras y las restricciones a la movilidad han provocado un problema de abastecimiento de personal que Planas explicó está obligando a todos los países a reaccionar con regulaciones similares y puso como ejemplo las adoptadas por Francia, Italia o Alemania.

Para el campo español supone la necesidad de reclutar a entre 75.000 y 85.000 temporeros para campañas que ya se han iniciado en algunos territorios y se prolongarán hasta finales de septiembre en otras zonas y cultivos. Según detalló son mano de obra necesaria para regiones desde Andalucía, principalmente en Huelva o Almería, a Alicante, Murcia, Badajoz, Navarra, Huesca y Zaragoza o Lleida y Tarragona.

Planas admitió que algunos sitios pueden resolver la situación con otras fórmulas pero que en cualquier caso también les falta mano de obra para tareas como el aclareo, recogida o manipulado que “son absolutamente necesarias para el buen funcionamiento del sector”.

Si bien nace con vigencia hasta el 30 de junio por la necesidad de “acotar”, Planas se mostró dispuesto a reconsiderarlo “en las próximas semanas” o a finales de mayo por si fuera necesario ampliar el contenido del real decreto ley y su aplicación.

La normativa no establece una distancia máxima de traslado para el personal, aunque fija que la proximidad sea una referencia. El ministro detalló que está abierto para que las comunidades autónomas puedan resolver las bolsas de trabajo tomando de referencia el término municipal o municipios colindantes.

La regulación no establece tampoco salario alguno de referencia aunque obliga a que exista un contrato escrito y a que el trabajador ingrese con las distintas percepciones, como poco, el salario mínimo interprofesional. Asimismo, obliga a pasar el salario por transferencia bancaria para dar “transparencia” dada la concurrencia con las prestaciones públicas y “por control sanitario, para no utilizar monedas ni billetes”, indicó.

El real decreto ley tampoco regula cómo debe ser el alojamiento y el transporte, aunque Planas indicó que deberá obedecer a un “elemento de dignidad” donde empresarios y comunidades autónomas tendrán “un papel fundamental”. En cuanto a cómo garantizar la seguridad con el transporte apuntó que algunos empresarios han sustituido el vehículo privado o la furgoneta “de forma creativa por autobuses escolares”.

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