7 de cada 10 niños menores de dos años en España tienen presencia en redes sociales, de acuerdo con la compañía de seguridad cibernética AVG. En ocasiones, la exhibición de los niños se da por parte de los padres o responsables que publican fotos o vídeos.

En el caso de progenitores divorciados, la publicación de información sobre los hijos en internet puede ser un punto de conflicto. Algunos desacuerdos son tan graves que deben resolverse por la vía legal. En estos casos es recomendable acudir a asesoría legal, como divorcioscatalunya.com, un equipo de abogados especialistas en derecho de familia, abarcando aspectos como los menores y las redes sociales.

Regular el uso de redes sociales por parte de menores

A pesar de ser compañías privadas, las redes sociales se han transformado en un espacio de exhibición pública. El riesgo que implican ha llevado a que la legislación se tenga que reinterpretar. La Constitución Española destaca entre los reglamentos más importantes en cuanto a derechos de imagen se refiere. De hecho, el artículo 18.1 dicta que todas las personas tienen garantía a la propia imagen y a la intimidad.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 2016 también es otra normativa importante. El artículo 8.1 estipula que el tratamiento de los datos personales de los niños menores de edad solo es considerado lícito cuando el titular de la patria potestad o tutela otorga su consentimiento. Audios, vídeos y fotografías se consideran datos personales.

Posteriormente, una Ley Orgánica de 2018 ajustó la minoría de edad en 14 años. A partir de esa edad, un hijo tiene libertad de publicar libremente en redes sociales. Sin embargo, los tutores legales siguen teniendo el poder de decisión en los niños menores.

Qué pasa cuando los padres están separados y tienen un conflicto al respecto

En todos los casos, es ilegal publicar datos de los niños menores de 14 años sin el consentimiento de la ex pareja. Violar estas normas implica una sanción económica. En España, algunas multas pueden alcanzar los 10.000 euros.

Si uno de los padres rompe la ley, el otro tiene el deber de denunciarlo. La primera vía es alertar a la red social, usando la opción de “denunciar una publicación no autorizada con imágenes de menores”.

Otra alternativa es solicitar la retirada de los datos ante el juzgado, para lo cual se recomienda un abogado que ayude en la redacción del escrito. En casos graves, donde se atente contra los derechos del menor, la denuncia penal en instancias policiales es lo más recomendado.

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La custodia no aporta mayor poder de decisión sobre la imagen de un hijo. En toda situación, la exhibición pública de un menor en redes sociales debe ser discutida y consensuada.