La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció este lunes que está recibiendo un número «alarmante» de reclamaciones de consumidores que denuncian indefensión al ser acusados por las compañías eléctricas de manipular sus contadores de la luz. Por ello, según informa la OCU, ha puesto en marcha una campaña contra el supuesto abuso que estarían cometiendo, en algunos casos, ciertas compañías eléctricas.
A juicio de OCU, la situación en la que se encuentran los consumidores frente a las compañías eléctricas es de clara indefensión, ya que se ven acusados de un fraude sin pruebas suficientes y sin otra opción que la de pagar la cantidad exigida, si no quieren que les corten el suministro.
Explica que la normativa vigente impone, de forma automática, una multa equivalente a seis horas diarias de consumo durante un año a la potencia máxima, pero no dice nada sobre los requisitos que deben cumplir las compañías para acreditar la existencia de este fraude.
De hecho, asegura que son muchos los consumidores que se han visto acusados de manipulación de sus contadores sin haber estado siquiera presentes en el momento de la inspección y sin que el acta firmada por el técnico de la compañía incluya la firma de un solo testigo.
Por ello, aunque pide que «los posibles fraudes de los contadores sean investigados, ya que son el resto de consumidores quienes sufragan finalmente el coste del fraude», advierte que «esto no debe servir de excusa ni dar carta blanca para que los consumidores sean denunciados sin garantías y sin posibilidad de defensa».
Para aclarar esta situación, va a reunirse con responsables de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para aportar, al expediente abierto por el Organismo, toda la información con la que cuenta.
Además, ha solicitado un encuentro con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para pedir un cambio en las normas que permiten a las compañías eléctricas llevar a cabo estas prácticas abusivas.
Junto a estas iniciativas ha preparado un formulario de denuncia de juicio verbal para todos aquellos consumidores que se están viendo afectados por reclamaciones de fraude en los contadores.
La organización entiende que actualmente la vía judicial es la única que, dadas las carencias de la normativa existente, puede proporcionar a los consumidores la oportunidad de defenderse.
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