En un comunicado conjunto para manifestar la posición sobre el impuesto a la banca para financiar las pensiones que el Gobierno quiere impulsar, la AEB y la CECA señalaron que “la creación de nuevos gravámenes a la banca no constituye una solución adecuada, porque sería injusta y porque conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía española en general”.

De esta manera, las patronales bancarias consideraron que “no resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial” y que si la solución supone incrementar los ingresos públicos, “todos los agentes deben contribuir a sufragarlo de manera equitativa”.

Aseguraron que el impuesto a la banca “podría tener unos efectos recaudatorios inferiores a los pretendidos y, sin embargo, afectar de forma muy negativa a la solvencia del mismo”.

La AEB y la CECA avisaron de que el incremento de la carga tributaria del sector financiero generaría para las entidades una “desventaja competitiva” a nivel europeo, y supondría un “obstáculo”, con especial incidencia en la contribución que hace al empleo y al desarrollo de la actividad económica a través de la concesión del crédito.

Ambas organizaciones defendieron que han realizado “considerables esfuerzos en el pasado” para facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit público y que, además, su contribución al sostenimiento del gasto público ya es superior a la de otros sectores de actividad.

Por otra parte, apuntaron que desde la regulación sectorial se han introducido diversas exigencias a nivel europeo en el marco de la unión bancaria para reforzar la solvencia del sistema financiero, entre las que destacan las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución, que suponen un coste para el sector financiero que afecta a los resultados. Así, subrayaron que “el establecimiento de un impuesto sectorial supondría un sobrecoste adicional que haría aún más difícil acceder al mercado de capitales”.