En un comunicado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), tacha la propuesta de «interesada y fuera de lugar» y considera que «es discriminatoria e injusta, pues incide de forma desproporcionada sobre el transporte de mercancías por carretera».

A este respecto, recuerda que el sector transporta más del 85% de los productos que consume España cada día, lo que le posiciona como una «pieza clave» para el desarrollo económico y social.

Por ello, advierte de que «la implantación de nuevos peajes comportaría efectos dañinos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, al encarecer innecesariamente el precio de todos los productos, afectando de forma negativa tanto a los fabricantes, que verían incrementados sus costes, como a los consumidores finales, al reducirse su poder adquisitivo».

En la misma línea, la Asociación de Transporte Internacional de Carretera (Astic) se opone también de «forma frontal» a la propuesta.

«Esta medida es un ataque despiadado contra el sector del transporte en España, que es uno de los motores económicos del país, tanto por su contribución al PIB, como en materia de generación de empleo», asegura Ramón Valdivia, director general de Astic.

«Desde nuestra asociación no nos quedaremos con los brazos cruzados y haremos todo lo posible para que esta propuesta injusta no llegue al Gobierno», añade.

«Nuestros impuestos, durante los últimos años, han ido destinados a aeropuertos sin aviones o infraestructuras inservibles, mientras que no se han solucionado asuntos críticos para el transporte, como los ‘puntos negros’ y ‘cuellos de botella’ en la red de carreteras», concluye.