La Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (Uneca) denuncia que los continuos conflictos generados por la venta ilegal en las calles, como las luchas con los manteros en Barcelona o el apuñalamiento de un policía en Punta Umbría (Huelva), generan “una competencia desleal” para los profesionales que se dedican a esta actividad y que cumplen con todo requisito legal y económico para su ejercicio.
Así se expresa Uneca en una nota de prensa, donde recuerda que la venta ambulante es una actividad regulada en España y añade que “el término venta ambulante es incompatible con el calificativo ilegal, además de confundir al consumidor y usuario y contribuir a una estigmatización injustificada de un colectivo de profesionales que ejercen dicha actividad de forma reglada y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la legislación”.
Además, destaca que en España existen 40.986 empresas que se dedican a la actividad de venta ambulante, de las que 34.004 son trabajadores autónomos, 5.690 son autónomos con 1 o 2 trabajadores y 1.292 son sociedades que dan empleo directo y autoempleo en forma de economía social a más de 20.000 personas.
Con ello, más de 60.000 familias dependen de esta actividad económica y profesional, que genera un volumen de negocio de 2.100 millones de euros anuales en España y que se puede ejercer en mercadillos, en mercados ocasionales o periódicos, en la vía pública o en camiones-tienda.
En esta línea, Uneca reitera que “la actividad que en medios de comunicación se refiere a venta ambulante al margen de la ley no es venta ambulante, sino otra forma de venta ilegal independientemente del lugar donde ésta se produzca”.
Por otro lado, denuncia “cualquier acto delictivo que se realice” y muestra su rechazo a “la venta de falsificaciones, así como a cualquier otra actividad que atenta contra los derechos de propiedad intelectual o industrial”.
Por último, señala que “la venta ambulante en sus diferentes modalidades puede seguir siendo una actividad que genere empleo y autoempleo, además de ser un servicio público que garantiza el abastecimiento en poblaciones rurales que luchan contra la despoblación”.