Además denunciará al Gobierno ante la Unión Europea si no toma medidas contra las empresas del Ibex 35

«It’s enough», o lo que viene a ser lo mismo «ya no dialogamos, reivindicamos». Con esta tajante sentencia el presidente de la Plataforma multisectorial contra la morosidad (PMcM) Antoni Cañete, daba por cerrado el periodo de presentación de propuestas y negociaciones con el Gobierno.

Durante la Asamblea abierta de la PMcM que se celebraba esta mañana en Madrid se ha puesto negro sobre blanco respecto a los compromisos adquiridos por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para erradicar la morosidad interempresarial y para los que no ha habido «ni una sóla buena acción». Ante esta pasividad la Plataforma se movilizará el próximo 14 de octubre en una reunión «abierta» que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados y a la que se invitará a los líderes de todos los partidos políticos, así como a 100 presidentes de las organizaciones empresariales más representativas de España, incluyendo a CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa).

El objetivo de dicha reunión es, en palabras de Cañete, «exigir al Gobierno y denunciar la inoperancia» en la implementación de las distintas propuestas que la plataforma ha venido presentando para poner freno a la morosidad de las grandes empresas con sus proveedores, en gran medida pymes y autónomos. También se pedirá a los distintos grupos políticos que, de cara a las elecciones generales de diciembre, «ratifiquen sus compromisos».

Paralelamente la PMcM está trabajando en la elaboración de una lista con los «nombres y apellidos» de las empresas del Ibex 35 que incumplen sus plazos de pago con proveedores que, además de hacerse pública, se trasladará al Gobierno para que tome las medidas oportunas.

Tras estas dos actuaciones y de continuar con el «beneplácito de la Administración respecto a las grandes empresas que incumplen la Ley y triplican el periodo que están pagando» la PMcM está dispuesta a denunciar, de nuevo, al Gobierno ante Bruselas.

Menos morosidad más recaudación

El pasado mes de febrero, durante la III Cumbre Político – Empresarial contra la Morosidad, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, tras firmar el manifiesto de «Tolerancia Cero frente a la morosidad», dejaba la pelota sobre el tejado de la Plataforma instando a sus miembros a presentar propuestas que fuesen en esta dirección. Apenas dos meses después, en abril, la PMcM mantenía una nueva reunión con el ministro al que le presentaba dos propuestas que «valoró positivamente» y se comprometió a «trasladar a los organismos competentes».

La primera relativa a la agilización del IVA no cobrado, que además de mejorar en 21.000 millones la liquidez de las empresas, incrementaría la recaudación del fisco en más de 2.000 millones de euros. Este sistema consiste en anular la repercusión del importe correspondiente al impuesto, al mes de haberse producido el impago, así al deudor se le gravaría la liquidación siguiente con el IVA no pagado más un 10 por ciento de recargo.

La segunda, el desarrollo de un régimen sancionador ejemplar. Petición histórica de la Plataforma y con la que Montoro ya se comprometió, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, en octubre de 2013. Sin embargo en junio de 2014 dio marcha atrás, dejando inconclusas las buenas intenciones de la Ley de Morosidad. En este sentido fuentes del ministerio han explicado a Diario Financiero, que «la medida no es tan sencilla de desarrollar», ya que los acuerdos están formalizados «de forma tácita entre las dos partes, que son consentidoras y por lo que la sanción debe aplicarse a ambas».

Fisuras por las que se escapan gases nobles

A pesar de los pasos que ha venido dando el Ejecutivo en materia de morosidad, desde la Plataforma advierten «fisuras por las que se escapan gases nobles». Es el caso de la modificación aprobada la pasada semana en Consejo de Ministros por la que las empresas que quieran adjudicarse un contrato público tendrán que declarar los periodos medio de pago a proveedores.

Sin embargo la norma no es de obligado cumplimiento, ya que deja al criterio de cada una de las Administraciones la posibilidad de incorporar o no esta «casilla» dentro del apartado de criterios de solvencia. En este sentido desde la Plataforma acusan al Gobierno de «emplear la ambigüedad para hacer de nuevo un truco sobre los periodos medios de pago» y exigen que «esta medida sea imperativa y no potestativa», dejando abierta la puerta para que «seleccione a una empresa u otra en función de si se quiere aplicar o no la nueva normativa, por lo que su aplicación puede ser más bien testimonial». Así Cañete ha explicado que se mantendrán «atentos» en los procedimientos, realizando informes con los que «veremos la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta lacra», que afecta de forma directa a la competitividad de las empresas.

Presiones de las grandes empresas

Tal y como ya denunció el pasado mes de julio la PMcM uno de los motivos por los que se estaría demorando la aprobación del régimen sancionador serían las “presiones muy importantes” que estaría recibiendo el Gobierno por parte de las grandes empresas. Y es que según el último informe de la Plataforma las empresas del Ibex 35 se ahorran 3.377 millones de euros al año por pagar tarde, de ellos más del 58 por ciento en intereses de demora (1.985 millones), lo que resulta ser un margen de maniobra más que rentable.

En cuanto a los plazos de pago éstos se elevan, de media, hasta los 187 días mientras que la Ley establece un máximo de 60, aunque en algunos sectores como el de la construcción éstos se elevan hasta los 300 días de media. Si la cifra la llevamos al importe total adeudado la cifra alcanza los 57.824 millones de euros acumulados en 57.000 facturas pendientes.

A pesar de lo abultado de las cifras y de lo «caliente» que se prevé la Asamblea del próximo día 14, la Plataforma está dispuesta a ser flexible y no sólo contactará previamente a la publicación del informe con las empresas incumplidoras sino que «vamos a ponernos a su disposición», ha concluido Cañete.