La Plataforma Denaria ha aplaudido el Real Decreto Ley 24/2021, que garantiza el derecho de los consumidores a efectuar sus compras con dinero en efectivo y aplica sanciones a los establecimientos que se nieguen a aceptar esta modalidad de pago.
Mediante este decreto, a propuesta del Ministerio de Consumo, España se alinea con diferentes iniciativas legislativas internacionales, como las promovidas en Francia o en numerosos estados de Estados Unidos, que regulan para garantizar y proteger el uso del efectivo, destaca la Plataforma.
También con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sentenció el pasado mes de febrero la obligatoriedad de aceptar pagos en efectivo en todo el territorio europeo.
Esta medida legislativa, según han apuntado desde la Plataforma, está plenamente respaldada por la opinión popular, ya que, tal y como se desprende de la «Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo», encargada por dicha plataforma a GAD3, el 90% de los españoles defiende la permanencia del efectivo como método de pago, más del 70 % de la población considera que el efectivo es necesario en nuestra sociedad, y un 77 %, además, lo califica de «bien público».
Este apoyo es especialmente relevante en el mundo rural, el 91% de los que viven en los municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes y el 90 % en los de menos de 10.000 habitantes se declara partidario de usar efectivo para sus transacciones cotidianas.
PIDE ELEVAR EL LÍMITE DE COMPRAS EN EFECTIVO
Por otra parte, desde la Plataforma Denaria han pedido a España que eleve la cantidad límite con la que se pueden efectuar compras en efectivo para igualarla con la fijada por la Unión Europea y la mayoría de países del entorno.
«España fija en 1.000 euros para pagos en efectivo entre empresas y profesionales, como resultado de la modificación de la ley de Fraude Fiscal aprobada este mismo año, mientras que la Comisión Europea presentó el pasado mes de julio un paquete de propuestas legislativas, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, que establecía un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo», han apuntado.
Además, desde la Plataforma han señalado que medios jurídicos consultados por la misma han destacado la enorme diferencia de criterio existente entre el gobierno español y Bruselas en un asunto que busca la armonización de actuaciones en todo el territorio comunitario, dificultando la posibilidad de ajustar criterios sobre el uso del dinero en efectivo.
Por ello, han instado al Gobierno a revisar la modificación de la Ley de Fraude Fiscal y ha alinear las cantidades establecidas con las propuestas europeas con el fin de garantizar la libertad de elección del consumidor y del comercio.
