La pobreza en España es un problema de Estado, que compromete la cohesión social y el crecimiento económico, habiendo empeorado la situación en los años de crisis. El sistema de protección social y algunas políticas sociales desempeñan un papel relevante para atenuar la vulnerabilidad económica. Sin embargo, el lugar que ocupa este problema en el diseño de las distintas políticas no se corresponde con la magnitud de este fenómeno.

España viene arrastrando problemas de vulnerabilidad social, incluso desde el período expansivo anterior a la crisis, en el que los niveles de pobreza monetaria se mantuvieron en torno al 20%. Esta situación se ha visto agravada con la crisis. El 28,6% de la población española se encontraba en esta situación en 2015, 3,9 puntos más que al inicio de la crisis, distanciándose aún más de la media de la UE-27, del 23,7%.

Las situaciones de vulnerabilidad afectan de manera más notable a las personas en desempleo y con bajo nivel formativo, la población extranjera y los hogares con hijos, especialmente los monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres. Lo más preocupante es que está aumentando el porcentaje de población que entra en la pobreza y queda atrapada en ella. Esto pone de manifiesto la debilidad del sistema de bienestar para hacer frente a las situaciones más extremas de vulnerabilidad social.

El riesgo de pobreza ha alcanzado niveles preocupantes en la UE, especialmente en algunos Estados miembros. Uno de los principales retos es hacer frente a la heterogeneidad existente en la región, en términos de incidencia y evolución de la pobreza, y en lo que se refiere a respuestas desde los sistemas de protección social.