Es decir, en caso de ser imputados por algún delito, la causa corresponderá tramitarla al Tribunal Supremo. Esa es una de las propuestas planteadas por el anteproyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial a la que ha dado hoy luz verde el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha aprobado también la oferta de casi 2.900 plazas de empleo público para 2014, con especial atención al refuerzo profesional en la Agencia Tributaria, la Administración Local y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, la reunión del Gabinete que ha presidido el jefe del Ejecutivo, ha debatido el anteproyecto de la ley reguladora de la Biblioteca Nacional. Según ha explicado la Vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior, la nueva normativa tiene como objetivo dotar a la Institución de mayor autonomía y “reconocer el papel esencial de la Institución como centro de referencia internacional del patrimonio español”.

2.899 plazas de empleo público para 2014

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Hacienda, Cristobal Montoro, ha confirmado que el Gobierno ha aprobado este viernes el Real Decreto para la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2014, que incluye 1.221 nuevas plazas de nuevo acceso y 1.663 de promoción interna. Asimismo, ha dado vía libre a un Real Decreto Ley para convocar una oferta de empleo adicional para reforzar la Agencia Tributaria (AEAT) en la lucha contra el fraude y la Administración Local para responder a la reforma prevista en este ámbito.

Montoro ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado también la oferta de empleo para la Guardia Civil, con 159 nuevas plazas en la escala de cabos y guardias, y 330 de promoción interna, 80 en la escala de oficiales y 250 de la de suboficiales. En el caso de la Policía, se ofertarán 60 plazas de oposición libre en la escala ejecutiva y 254 en básica, con 120 de promoción interna en la escala ejecutiva desde la categoría de subinspector.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año incluían una nueva congelación de la OEP como en años anteriores, con una tasa de reposición de hasta el 10% en el caso de sectores prioritarios como la educación, la sanidad o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, este año se incluían en esta excepción otros colectivos como el personal investigador o los inspectores en los mercados de valores.

En 2013 se ofertaron 1.221 plazas, sin incluir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre las que había 449 plazas de promoción interna, frente a 422 de nuevo ingreso. Además, otras 300 plazas se ofertaron en la Administración de Justicia y otras 50 plazas para el acceso de la carrera judicial y fiscal.

Reducción del tiempo de respuesta del sistema de Justicia y más independencia

En cuanto a la reforma de la Ley del Poder Judicial, el Ejecutivo ha dado luz verde al informe previo al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que plantea cambios en la estructura de tribunales y audiencias, y las condiciones para la futura modificación de la ley de Planta y Demarcación Judicial. Además, fija expresamente el número de juzgados y su competencia territorial.

En el texto también se contempla que la Reina y los Príncipes de Asturias sean aforados ante el Tribunal Supremo, es decir, en caso de ser imputados por algún delito la causa corresponderá tramitarla al Tribunal Supremo. Así la Reina y los Príncipes tendrán el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, sus ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial.

En rueda de prensa, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado que “es un texto intenso y extenso que pretende configurar la nueva justicia en España durante el S. XXI”. Gallardón ha reconocido que los tiempos de respuesta de la Justicia española es motivo de insatisfacción de la ciudadanía porque sus profesionales no cuentan con las herramientas necesarias para ser competitivos en la resolución ágil de los conflictos. “Lo que falla es el sistema. Un sistema de dispersión lógico en la sociedad rural del S.XIX pero insostenible en el S.XXI”.

El ministro de Justicia ha querido también defender la independencia de los jueces en España para lo que, a su juicio, también contribuye el texto aprobado hoy. Así mismo, el documento pretende reforzar el sistema para evitar la dispersión, una mayor profesionalización de la Justicia y dotarla de flexibilidad”. Una de las novedades más importantes de la ley es la introducción de la “instrucción colegiada” para casos especiales en los que se requiera asegurar la independencia judicial y garantizar la efectividad de la instrucción cuando el volumen de los casos sea excesiva.

La propuesta para la reforma del Poder Judicial recoge también la organización de los tribunales y el estatuto de los jueces. Plantea además la supresión de la categorías judiciales, la generalización de las oposiciones restringidas y la creación de los tribunales de instancia que abarcarán todos los órdenes jurisdiccionales así como la supresión de los partidos judiciales.