El juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores la empresa Grupo Cantoblanco Catering Service, vinculada con un accionariado alto al vicepresidente de la CEOE y presidente de la CEIM, Arturo Fernández, declarando su estado de insolvente.

El deudor podrá conservar las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal. Los acreedores disponen ahora del plazo de un mes para poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, a contar desde hoy mismo, ayer la información se publicó en el BOE.

De la información y documentos remitidos en la solicitud de concurso, el juez ha constatado el estado de insolvencia actual de la compañía, que debe presentar un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de compra de la unidad productiva en funcionamiento o cese completo de actividad por parte del deudor sin contratos de trabajo en vigor.

El pasado mes de junio, el Grupo Arturo Cantoblanco decidió acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal, solicitando así el preconcurso de acreedores, e iniciar un proceso de reestructuración con el fin de «garantizar el futuro de su proyecto empresarial», según informó la compañía en ese momento.

El grupo ya subrayó el pasado junio que el objetivo de esta decisión es «salvaguardar los compromisos adquiridos con sus clientes y asegurar los puestos de trabajo de todos sus empleados, permitiendo a la sociedad continuar desarrollando su actividad con normalidad».

El pasado año vendió parte de su empresa, de un siglo de vida, concretamente se deshizo del 51%, aunque no le hizo caer como primer ejecutivo a pesar de haber perdido la mayoría de las acciones.

Los escándalos de Fernández
Aunque no sólo le ha venido el concurso de acreedores voluntario, sino que se ha visto salpicado por escándalos como el Caso Bankia, por el que está imputado. También es uno de los exconsejeros de Caja Madrid que ha hecho uso de las tarjetas B de la entidad (escándalo por el que están imputados Blesa y Rato). Mantiene una deuda con la Seguridad Social de casi medio millón de euros y además, ha sido acusado de pagar una parte del sueldo a sus empleados en B, sin declarar al fisco.

Unos hechos que no han valido para que Fernández decida dejar su puesto, tanto en CEIM, como en la patronal nacional CEOE, donde parece tiene el apoyo de Joan Rosell.

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