La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, ha alcanzado el 10% del capital social de Telefónica y ha culminado el mandato del Gobierno trasladado a finales del año pasado, según ha informado en un comunicado.
En concreto, la SEPI ha adquirido un total de 567.016.155 acciones con un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación asciende a casi 2.285 millones de euros, si bien a ese paquete accionarial hay que sumarle 541 títulos que la SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total a 567.016.696.
«La operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera», ha detallado la entidad pública.
Si se tiene en cuenta la cotización de Telefónica al cierre de la jornada bursátil de este lunes, que finalizó en 4,186 euros, el paquete accionarial del Estado en la compañía tiene un valor de mercado de unos 2.273,5 millones de euros, es decir, unos 89 millones de euros más que el importe desembolsado.
El mandato del Gobierno a la SEPI se produjo el 19 de diciembre de 2023, por lo que la operación para adquirir el 10% del Telefónica por parte del Estado se ha realizado en cinco meses.
En cuanto al avance de la posición de la SEPI en el capital social de Telefónica en los últimos meses, el pasado 25 de marzo afloró una participación del 3,044%; el 15 de abril la elevó hasta el 5,034%; el 26 de abril se dio a conocer que la incrementó hasta el 6,169%; el 8 de mayo se comunicó el aumento de su posición hasta el 7,079%; el 14 de mayo alcanzó el 8,53% y dos días después, el 16 de mayo, la aumentó hasta el 9,038%.
Cabe recordar que el mandato del Gobierno a la SEPI de adquirir hasta el 10% de Telefónica fue un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete el pasado 5 de septiembre.
En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica –un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros– en una operación valorada en 2.100 millones de euros, es decir, en torno a 185 millones de euros menos que el importe desembolsado por el Ejecutivo.
POSIBILIDAD DE TENER DOS CONSEJEROS
El consejo de administración de Telefónica acordó el pasado 8 de mayo, por unanimidad, aceptar la «renuncia voluntaria» de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombró por cooptación como consejero a Carlos Ocaña Orbis en representación de la SEPI.
Apenas un día después de acordarse el nombramiento de Ocaña, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, dejó abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno pueda nombrar un segundo consejero en representación de la SEPI cuando se cumpliese el objetivo de adquirir el 10% del capital de la teleco.
Asimismo, la semana pasada Escrivá fue preguntado en un acto sobre la posibilidad de que el Estado siguiese adquiriendo acciones de la teleco una vez alcanzado el 10%, si bien el ministro aseguró que «el Gobierno ha dado instrucciones a la SEPI de hasta dónde quiere llegar en Telefónica».
Por su parte, la entidad pública ha remarcado este lunes que la participación de la SEPI en el capital de Telefónica tiene «vocación de permanencia» y busca aportar una «mayor estabilidad accionarial» a la compañía para la consecución de sus objetivos, al tiempo que contribuye a la «protección de sus capacidades estratégicas».
Además, la SEPI ha subrayado que «Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos».
«La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa», ha añadido.
AUTORIZACIÓN A STC
Más allá de que el Gobierno haya dejado la puerta abierta a la posibilidad de solicitar otro consejero más en Telefónica, todavía está por determinar si STC solicitará un asiento en el máximo órgano de decisión de la compañía española.
Según la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras y debido a que Telefónica es considerada una empresa estratégica y relacionada con la seguridad nacional, el Gobierno debe dar su visto bueno a que una empresa extracomunitaria tenga más del 5% del capital social en una compañía española de este tipo.
Así, STC debe remitir al Ejecutivo sus intenciones en la compañía y detallar si entre sus objetivos figura, entre otras cuestiones, entrar en el consejo de administración de la empresa o no. Sin embargo, se desconoce si STC ha remitido al Ejecutivo ese documento, aunque desde el Gobierno se ha trasladado en varias ocasiones que no hay constancia de ello.
