Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta en Amurrio (Álava) de la misma empresa para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del ‘caso Leire Díez’, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Estas fuentes han apuntado que los agentes de la UCO también tienen orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No hay previsto que se practiquen detenciones.

Las diligencias están encaminadas a buscar pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Varios agentes de la UCO permanecen registrando las oficinas de Tubos Reunidos en Bilbao, con colaboración «en todo» de la compañía, según han confirmado fuentes cercanas a la empresa.

En las oficinas de la calle Máximo Agirre de Bilbao, en cuyo exterior no se observa presencia de dispositivo del instituto armado, se encuentran «dos o tres agentes», según han explicado fuentes cercanas a la empresa, que está «colaborando en todo» con los investigadores.

La empresa Tubos Reunidos fue una de las señaladas en diciembre de 2025, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar y cercano a Santos Cerdán.

En aquel momento, los arrestos se enmarcaban en una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en contratos de la SEPI supuestamente impulsados por Díez, Fernández y Alonso, que habrían formado un grupo de WhatsApp llamado ‘Hirurok’ para conseguir decisiones favorables a sus intereses en cinco licitaciones.

Una de ellas era, según el magistrado Antonio Piña, la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros, en el que se habría detectado la «intermediación» del grupo formado por Díez, Fernández y Alonso para que se otorgara esta ayuda, «percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez».