El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado este martes un acuerdo sobre la ley para una industria de cero emisiones, que busca acelerar permisos al relajar los trámites burocráticos y acortar los plazos temporales para potenciar la fabricación doméstica de nuevas tecnologías bajas en carbono con el fin de alcanzar los objetivos de la UE de reducción de emisiones.

El objetivo es que la UE fabrique en 2030 al menos el 40% de las necesidades anuales de despliegue de tecnologías estratégicas, como paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, baterías o bombas de calor, para huir de dependencias de terceros países y no perder la carrera frente a competidores como China o Estados Unidos.

Este acuerdo político, que aún debe ser formalmente adoptado por ambas instituciones, acorta los plazos para la concesión de permisos para proyectos de fabricación de cero emisiones netas en función de su tamaño.

El plazo de entrega de un permiso para construir o ampliar grandes proyectos de fabricación de estas tecnologías –más de 1 gigavatio (GW)–, así como los no medidos en gigavatios, será de un máximo de 18 meses, mientras que para los proyectos de menor tamaño –por debajo de 1 GW–, el plazo para entregar el permiso será de 12 meses.

También se establecerán plazos más cortos para proyectos estratégicos e independientemente de los plazos, el procedimiento garantizará que dichos proyectos sean seguros y ambientalmente sostenibles y que cumplan con los requisitos ambientales, sociales y de seguridad.

La contribución a la sostenibilidad ambiental será un requisito mínimo obligatorio, mientras que la contribución a la resiliencia se aplicará si existe una dependencia de un tercer país superior al 50% para una tecnología de cero estratégica específica o para sus componentes. Este criterio sólo se tendrá en cuenta si la Comisión ha evaluado primero el nivel de dependencia de cada tecnología de un tercer país en particular.

Las negociaciones se han llevado a cabo sobre la propuesta que la Comisión Europea presentó en marzo de 2023 en el marco de su plan para contrarrestar el impacto en la economía europea de la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense que llevaba aparejados 369.000 millones de dólares, y a las inversiones anunciadas por China, que superan los 280.000 millones de dólares.

El principal cambio que han introducido los colegisladores es una lista única de tecnologías ‘limpias’ –en lugar de dos listados de industrias estratégicas y no estratégicas–, con criterios para seleccionar proyectos estratégicos en aquellas que contribuirán mejor a la descarbonización.

La propuesta también establece un objetivo específico para la captura y almacenamiento de CO2, con una capacidad de inyección anual de al menos 50 millones de toneladas que se alcanzará en 2030, aunque según la evaluación de impacto presentada por la Comisión, esta cifra tendrá que aumentar hasta unos 280 millones de toneladas en 2040.

SUBASTAS PARA DESPLEGAR RENOVABLES

El acuerdo provisional establece que cuando un Estado miembro diseñe una subasta para el despliegue de tecnologías de energías renovables podrá aplicar criterios tanto de precalificación como de adjudicación que no estén relacionados con el precio, como la sostenibilidad ambiental, la contribución a la innovación o la integración de los sistemas energéticos.

Estos criterios deberán aplicarse al menos al 30% del volumen subastado cada año por Estado miembro, mientras que la Comisión definirá los criterios de contratación y subasta y revisará el volumen subastado a la luz de una evaluación del funcionamiento del sistema.