El Parlamento Europeo dio hoy luz verde al Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE, dotado con 3.100 millones de euros hasta 2020, de los que España recibirá 257 millones. Los países deberán utilizar al menos el 20% de la cantidad que perciban en políticas de integración de inmigrantes y otro 20% adicional en mejorar sus sistemas de asilo. El pleno también ha aprobado el nuevo Fondo de Seguridad Interior, del que España percibirá 195 millones para la vigilancia de fronteras.
Los países que se nieguen a aplicar estos porcentajes mínimos tendrán que presentar una «explicación detallada del motivo por el cual una asignación de recursos inferior a este nivel no compromete la consecución del objetivo». Sin embargo, los Estados miembros con «deficiencias estructurales en materia de alojamiento, infraestructura y servicios» no podrán dedicar menos del 20 por ciento a las políticas de integración de inmigrantes.
La Eurocámara también ha aprobado el Fondo de Seguridad Interior de la UE, que ha sido diseñado para mejorar la cooperación policial, la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión y la prevención de la delincuencia. Estará dotado con 2.760 millones de euros hasta 2020 y España recibirá 195 millones.
Este fondo se utilizará para construir las infraestructuras necesarias para la vigilancia de las fronteras exteriores. Además, financiará los sistemas operativos requeridos para la puesta en marcha del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras, más conocido como Eurosur. La gestión de los flujos migratorios y de las solicitudes de visado, así como la cooperación consular, también estarán financiadas con el Fondo de Seguridad Interior.
Por otra parte, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial y a la prevención de la delincuencia estará dotado con 1.000 millones de euros para los próximos siete años.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido a la Comisión un anticipo de estos fondos por valor de 45 millones de euros para hacer frente a la situación de «emergencia» en Ceuta y Melilla. El Ejecutivo comunitario todavía no ha contestado a esta solicitud.