El Partido Socialista ha presentado hoy al Congreso 10 nuevas medidas parlamentarias, que junto con las 16 presentadas anteriormente, suman un total de 26 que, siguiendo su lema, constituyen “la puesta en marcha del cambio”.
Para empezar, ha presentado una Proposición no de Ley para derogar la Ley de protección de la seguridad ciudadana. El objetivo de esta ley era sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación, aunque los ofrecidos por el Ministerio de Interior manifiestan que la fuerza pública sólo actuó en menos del uno por mil de ellas, señala el PSOE en su propuesta. Según explica el partido que preside Pedro Sánchez, esta ley estableció un marco jurídico en la que degradaron derechos y libertades como las de expresión, reunión y manifestación, entre otros. Por ello, manifiesta que esta ley puesta en marcha por el Gobierno permite al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil controlar a la población y no asegurar la libertad y seguridad pública.
La segunda pasa por derogar la ley 315.3 del Código Penal, que continúa criminalizando los piquetes de las huelgas. El PSOE explica que el Gobierno aprovechó la crisis y la Reforma Laboral para asfixiar las capacidades de reacción, protestas o resistencia de la ciudadanía a las políticas del Gobierno, disuayendo el derecho a huelga de los ciudadanos.
Por otro lado, propone a la Mesa del Congreso eliminar las trabas administrativas, técnicas y económicas al desarrollo del autoconsumo de energía eléctrica que se incluye en el llamado “impuesto al sol”. Sobre ello, manifiesta que el sector energético se encuentra abocado en una profunda transformación impulsada por el desarrollo tecnológico y la lucha contra el cambio climático. No piden una derogación, sino un Pacto de Estado para dotar a la política energética de una estabilidad mayor a la que ha tenido en los últimos años, facilitando la creación de un modelo seguro, sostenible, eficiente y bajo en carbono constituido sobre la base de un marco predecible y que garantice unos precios estables.
Siguiendo con la energía pide que se alcance un Pacto de Estado que dote a la política energética de centrales nucleares de una estabilidad mayor y facilitar la transición hacia un modelo seguro y sostenible. Esto supondría el cierre de las centrales nucleares a los 40 años siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos de seguridad establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear. Por otro lado, también pide derogar la gestión del combustible gastado y los residuos radioactivos.
La siguiente medida afecta la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, manifestando que en la pasada legislatura se realizaron importantes recortes presupuestarios en la materia. Esto ha llevado a que los beneficiarios recibiesen servicios y prestaciones insuficientes para su condición, además de excluir de ello a un importante número de personas y caer la aportación de la Administración Central a la materia. En este sentido, pide que se supriman las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, eliminar el incremento del copago e incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a los familiares que cuiden a estas personas.
Siguiendo con políticas sociales, propone recuperar y reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria y básica para impulsar un sistema público que permita atender a toda la ciudadanía. En este sentido, pide devolver a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Reformar el sistema de financiación autonómica. Según el PSOE, continúa habiendo situaciones de infrafinanciación en algunas Comunidades Autónomas, agravando su viabilidad. Con tal motivo, pide que se aceleren los trámites y aprobar un proyecto de ley que garantice la igualdad y la suficiencia financiera de las CC.AA. Es decir, elaborar un nuevo Sistema de Financiación Autonómica que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución.
Para los descendientes de españoles que viven en el extranjero pide que se actualice los supuestos de adquisición de la nacionalidad por residencia, que reduzca los plazos máximos establecidos, que se revisen los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y que no sea un examen lo único que se valore a la hora de evaluar las condiciones de acceso.
Otras de las medidas propuestas por el PSOE recaen en la jubilación. Exactamente, pide que se reestablezca el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. La oposición denuncia que las políticas que llevó a cabo el Gobierno en funciones durante la pasada legislatura fueron desastrosas para las personas más mayores ya que eliminó los incentivos para que las empresas mantengan el empleo de los mayores de 60 años y que contraten a los mayores de 52.
Finalmente, propone que se apruebe una verdadera Ley de Segunda Oportunidad para permitir al juez parar la ejecución hipotecaria en el caso de insolvencia justificada no dolosa y acordar que se aplique la dación en pago en el caso de que lo anterior no sea posible. Para ello, el PSOE considera fundamental reducir la carga financiera y eliminar el periodo de cinco años en el que las deudas exoneradas puedan volver a ser reclamadas, entre otras cosas.
Con ellas, el grupo socialista manifiesta que “quiere ponerse a trabajar ya, a partir de este momento, y hablar con todos los grupos de la cámara sobre ellas”, declara el portavoz del partido, Antonio Hernando.
En este sentido, ha reiterado la necesidad de someterse, cuanto antes, a un debate de investidura. “Primero le toca a Rajoy. Es él quien tienen que consumir su oportunidad y dar el primer paso y ojalá lo haga pronto porque demorarlo no es oportuno”, ha considerado.
Las 17 medidas anteriores
En materia de empleo, solicita que se derogue la reforma laboral y negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que asegure el empleo con condiciones dignas, que recupere la negociación colectiva y restaure el equilibrio de poder entre trabajadores y empleados. Subir el salario mínimo para que al término de dos legislaturas alcance el 60 por ciento del salario neto y reconstruir el Pacto de Toledo y convocarlo de forma inmediata para acordar las medidas que han de asegurar unas pensiones dignas.
También propone una reforma fiscal que asegure la financiación del Estado del bienestar con la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación, además de establecer una estrategia contra el fraude y la evasión fiscal.
