Desde este jueves, todas las administraciones tienen que recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, según informa el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con lo que establece la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable, tan sólo podrán quedar excluidas de la obligatoriedad las facturas con importe inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior. El Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) de la Administración General del Estado, tiene integrados hoy los distintos puntos de tramitación de los ministerios.

Además, se han adherido a su utilización Asturias, Murcia, Baleares, Extremadura, Navarra, Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. Otras como La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco, no se han adherido a FACE, pero han dispuesto un punto de acceso propio de entrada de facturas electrónicas.

Los ahorros anuales estimados, sólo para la Administración General del Estado, por el cambio a tramitación electrónica de las facturas, se elevan a 51 millones de euros y 2,3 millones de euros de ahorro en papel. En total, cada factura presentada supone un ahorro de 3,75 euros.

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