Las ayudas al sector financiero en España ascendieron en 2012 a 141.395 millones de euros, lo que supone un 68,8% más respecto a los 83.743 millones de euros destinados a estas ayudas en el ejercicio anterior, mientras que las ayudas públicas regulares disminuyeron un 12,5%, hasta los 3.944 millones.

Así consta en el informe anual de ayudas públicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado este viernes, en el que se detallan las distintas partidas de las ayudas al sector financiero. En concreto, de los 141.395 millones, las medidas de recapitalización supusieron 40.418 millones (3,85% del PIB), el rescate de los activos deteriorados 25.533 millones (2,43% del PIB), las garantías representaron un compromiso de gasto de 71.696 millones (6,86% del PIB) y el resto de medidas de liquidez 3.475 millones (0,33% del PIB).

En el caso de la UE-27, las ayudas al sector financiero alcanzaron los 660.729 millones de euros en 2012, un 3% menos que en el ejercicio anterior, distribuidos en 90.826 millones para recapitalización, 492.295 millones para garantías y los restantes 42.183 millones en otras medidas de liquidez.

Por su parte, las ayudas regulares, aquellas que no estaban dirigidas a combatir la crisis financiera, alcanzaron los 3.944 millones de euros (-12,5%) que equivale al 0,38% del PIB y a 84,3 euros per cápita. En el ejercicio anterior, 2011, estas ayudas alcanzaron los 4.508 millones, el 0,42% del PIB y supusieron 96,4 euros per cápita, si bien dichas ayudas disminuyeron ese año un 7,3%, y ya habían bajado a su vez en 2010 (-11,3%) y 2009 (-2,6%), frente al incremento de 2008 (+10,7%). En cualquier caso, los 3.944 millones de ayudas regulares concedidas en 2012 se sitúan por debajo de los niveles de la UE-27, donde representan un 0,52% del PIB, 134,1 euros per cápita, con un total de 67.158 millones, un 2% más.

La CNMC indicó que la concesión de ayudas públicas «sin perjuicio de la búsqueda de diversos objetivos de índole económica y social, puede alterar el funcionamiento de los mercados, introducir distorsiones e ineficiencias y afectar en definitiva a la libre competencia», salvo que estén autorizadas por la Comisión Europea.

«El informe debe contribuir al mejor conocimiento de las ayudas públicas en nuestro país, y que resulte de utilidad para un mejor diseño y concesión de las mismas por parte de los poderes públicos», indicó Competencia. Para la elaboración del informe anual, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha tomado como referencia la revisión efectuada por la Comisión Europea en su último Marcador de Ayudas de Estado publicado.

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