Han transcurrido tres años desde que la Asociación Española de la Carretera auscultara por última vez el estado en que se encuentra la red viaria y, en ese tiempo, su nivel de deterioro se ha incrementado exponencialmente: de los 13.000 kilómetros que en 2022 presentaban deterioros muy graves en el pavimento, se ha pasado a un total de 34.000 en 2025. Cerca del triple.

Son, en concreto, 33.966 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente, habiéndose de acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales (baches y piel de cocodrilo), como superficiales (grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras).

Asimismo, se han contabilizado otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado en ellos daños calificados como “graves”.

La investigación de la AEC concluye, por tanto, que en un cuatrienio, a lo sumo, sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas (54.373 kilómetros de un total de 101.700), cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras de nuestra historia reciente.

El déficit de inversión acumulado supera ya los 13.400 millones de euros

La falta de atención a la conservación de las carreteras españolas tiene un nombre: 13.491 millones de euros, cantidad que ha sido calculada considerando la subida experimentada por los precios de las materias primas, energía y personal, a fin de ofrecer una imagen lo más próxima posible a la realidad actual.

Así, a los 9.453 millones que en 2022 se estimaban necesarios para abordar las carencias del pavimento en las mallas gestionadas por las administraciones central, autonómica y foral, se suman ahora otros 4.038 millones. De este incremento, el 20% corresponde a la subida del IPC del último trienio, siendo el 23% restante atribuible al propio deterioro de la infraestructura.

Considerando estos datos, el estudio confirma que nuestras carreteras se han deteriorado estos tres últimos años a un ritmo del 8% anual.

El Informe de la AEC estima también las necesidades de inversión que la conservación viaria acumula y que se reparten, para las redes del Estado, Autonómica y Foral, como sigue:

• 4.721 millones de euros en las carreteras que gestiona el Estado, una malla que tiene una longitud de 26.000 kilómetros, y 8.770 millones de euros en las que administran los gobiernos autonómicos y forales, que suman un total de 75.300 kilómetros.

Consecuencias

El deterioro de red viaria de nuestro país puede representar la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y conectadas. La descarbonización del transporte, la reducción a la mitad del número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030, la mejora de la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático, la repoblación de la España vacía o la introducción de movilidades automatizadas al ritmo exigido por los compromisos europeos pueden verse seriamente amenazadas si no se actúa de inmediato para revertir la situación que dibuja el Informe de la AEC.

No hay que olvidar, asimismo, el actual escenario de quiebra de la seguridad mundial en el que nos encontramos y el papel que las infraestructuras viarias estarían llamadas a desempeñar en la futura Estrategia de movilidad y defensa.

Pero más allá de las grandes políticas, lo cierto es que la mala conservación de la red afecta también al ya maltrecho bolsillo de los conductores: circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. Sin ir más lejos, los dos meses del verano de este año (julio y agosto) el deterioro de las carreteras se traducirá en un sobregasto superior a los 270 millones de euros en combustible, considerando los más de 100 millones de desplazamientos de largo recurrido que, según ha anunciado la Dirección General de Tráfico, se van a registrar.

Nada más y nada menos que cuatro millones y medio más de sobrecoste en combustible al  día y,  hay otros valores que se ven afectados: un pavimento deteriorado obliga a reducir la velocidad de circulación una media del 10%, lo que, en el caso de los camiones, supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido, un 25% más en el caso de los autobuses y un 20% más los vehículos ligeros.

Considerando que los precios del transporte de mercancías se establecen en función del tiempo, se puede concluir que el incremento de los costes asociado al aumento de los tiempos de viaje terminará repercutiendo en los precios del producto final (un 10% más, según cálculos de la AEC).

Cual podría ser la solución

Hace años que la Asociación Española de la Carretera viene reclamando un espacio de financiación propio, global y sostenible para garantizar una adecuada conservación de nuestro patrimonio viario. Este fondo habría de nutrirse de:

• Los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales
• Fondos Europeos
• Sistemas de tarificación por uso
• Estrategias de colaboración Público-Privada

Pero también cabe otro tipo de soluciones, como aquellas que atienden a la elevada fiscalidad que soporta la movilidad por carretera, que sufre palmarias desventajas frente a otros modos de transporte. Es el caso del impuesto especial de hidrocarburos, del que están exentos ferrocarril y transportes marítimo y aéreo.

Solo con eliminar esta exención, y según datos publicados por la Fundación Corell1, se generarían anualmente 4.091 millones de euros. La equidad impositiva sería suficiente para revertir el déficit de conservación de carreteras en un plazo de algo más de tres años.