La Ley Orgánica 8/2021 se conoce en la sociedad como la nueva ley de protección a la infancia y fue creada con el objetivo de reforzar las normativas relacionadas con la protección de menores. El fin es garantizar de manera eficaz los derechos fundamentales de niños/as y adolescentes y mejorar las actuaciones frente a situaciones de violencia.

Según la red Eme Abokatuak, uno de los mejores despachos de abogados que actúan en Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz e Iruña-Pamplona, la nueva ley apunta a sensibilizar a la sociedad y mejorar la formación de los profesionales que trabajan con la infancia para detectar situaciones violentas más rápidamente. También se busca reforzar la información y los conocimientos de los propios niños/as para que puedan protegerse y actuar mejor en caso de sufrir una situación de riesgo.

¿Cuáles son las medidas específicas en internet y las redes sociales?

Para cumplir con sus objetivos generales la ley establece medidas en internet y las redes sociales, que hoy son espacios de socialización fundamental para los/as adolescentes. En este sentido, se da una importancia especial a la formación tanto de los profesionales como de los/as niños/as para lograr un uso responsable de internet. Es importante que estos nuevos medios de comunicación se aprendan a usar de forma segura y respetuosa con los derechos fundamentales.

Según la red de abogadas de Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz e Iruña-Pamplona, Eme Abokatuak, es fundamental lograr el respeto de la intimidad y la protección de los datos personales en los nuevos entornos virtuales. Para lograr este objetivo, la ley impone la creación de campañas educativas que incorporen las opiniones tanto de los/as niños/as como de los padres.

Por otra parte, las campañas también deben incluir información específica sobre contenidos de temática sexual o violenta que puedan ser perjudiciales para los menores. En este sentido, la ley establece la creación de canales para controlar el acceso a este tipo de materiales. Las agencias de protección de datos, la policía y la administración de justicia deben colaborar para retirar contenidos ilegales de internet, de forma rápida y eficaz, que supongan una forma de violencia contra los/as menores.

Una nueva figura profesional para la protección de niños y adolescentes

Por otra parte, se ha creado la figura del coordinador de bienestar y protección, que deberá estar presente en todos los centros educativos a los que asistan menores de edad. Estos agentes deben garantizar una protección especial de los/as niños/as y adolescentes frente a la violencia y las autoridades deben facilitarles todas las herramientas que necesiten para cumplir con su trabajo.

Por último, la red de abogadas Eme Abokatuak (que actúan en Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz e Iruña-Pamplona) destaca que la ley busca asegurar la prevención de la violencia, no solo en internet, un ámbito en el que los menores son cada vez más vulnerables y las situaciones como el ciberacoso son muy frecuentes, sino en cualquier ámbito. La violencia contra los menores ha ido en aumento, alcanzando cifras alarmantes y manifestándose de maneras muy diversas como, por ejemplo, la violencia vicaria, enfocada a dañar a la mujer a través de los seres que más quiere, como son sus hijos/as. Asimismo, no se debe olvidar otras situaciones que se producen ante las rupturas de pareja o matrimoniales, cuando hay hijos/as, como son las custodias compartidas impuestas sin atender al bienestar del menor, o el uso discriminatorio del SAP (Síndrome de Alienación Parental) que, si bien, viene prohibida por esta ley, sigue aplicándose, sin atender al interés superior del menor, y creando un grave perjuicio en su desarrollo. Del mismo modo, entienden que se debería atender, conocer y respetar cuestiones tan básicas como la maternidad y la naturaleza humana, el vínculo y apego o la lactancia materna, que debieran ponerse en el centro ante la toma de cualquier decisión sobre los/as menores en estas situaciones, ya que lo contrario supone desatender las necesidades más básicas del ser humano, en detrimento de los derechos de los hijos/as, lo que también es violencia.