En su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017 y publicado este martes, el Banco de España dio a conocer sus valoraciones sobre distintos aspectos de la macroeconomía y de política económica, así como algunas de sus recomendaciones.
CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA
En lo que respecta a crecimiento de largo plazo, el Informe afirma que la economía española tendrá a futuro un crecimiento potencial “relativamente modesto” que, según las estimaciones disponibles, se situaría en niveles por debajo del 1,5%. El Banco de España apunta que el crecimiento de la economía española se verá limitado por factores como el “elevado” desempleo estructural, el envejecimiento de la población, el menor crecimiento de la tasa de actividad derivado del cambio demográfico y la reducida productividad, como resultado de la “excesiva” dualidad del mercado de trabajo, las regulaciones que limitan la competencia y la reasignación eficiente de recursos, o el déficit de capital humano y tecnológico.
Por el contrario, señaló que cabe la posibilidad de que el impacto positivo sobre el crecimiento de largo plazo de la economía de las reformas estructurales llevadas a cabo en el pasado en España “no esté siendo incorporado plenamente por las estimaciones disponibles del producto potencial”.
Entre sus recomendaciones, el Banco de España considera “prioritario” reducir el elevado desempleo y su persistencia entre determinados colectivos como es el de parados con menor nivel de cualificaciones.
También cree que las tendencias demográficas tendrán “efectos negativos” sobre el crecimiento potencial de la economía y el reto del cambio demográfico obliga a definir una estrategia para mitigar su impacto.
En este punto, apunta la necesidad de poner en marcha políticas que permitan, por ejemplo, compatibilizar el salario y la pensión, revisar las restricciones asociadas a la política migratoria y fomentar la natalidad, favoreciendo la conciliación y reduciendo la “inestabilidad laboral” en los años de edad fértil.
Añade que la “elevada segmentación” del mercado de trabajo dificulta las mejoras de productividad y detecta “cierta evidencia” de una menor duración de los nuevos contratos temporales, lo que aumenta la rotación.
En conjunto, “ante situaciones de dificultad, las empresas siguen prefiriendo ajustar el empleo temporal”, señala el organismo que dirige Luis Linde, que observa “la pervivencia de fricciones regulatorias, relacionadas tanto con el marco de contratación como con la limitada representatividad a nivel de empresa del sistema actual de negociación salarial, que impiden reducir la excesiva rotación de contratos que caracteriza a la economía española”.
En este contexto, el Banco de España pone de relieve que “cobra especial relevancia la inversión en capital humano y tecnológico” y reclama una reforma del sistema educativo para reducir la brecha que España muestra en los indicadores de calidad educativa.
REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD
Asimismo, detecta que durante la última crisis se produjo un aumento “notable” de la desigualdad en términos de renta bruta per cápita, que “se habría comenzado a revertir durante la recuperación”. En este sentido, destaca que el factor determinante para este cambio de tendencia habría sido la reducción de la tasa de paro.
Por este motivo, prevé que a futuro, las reducciones adicionales de los indicadores de desigualdad de renta dependerán de que continúe disminuyendo el desempleo, lo que requiere mejoras en la empleabilidad del colectivo con menor formación, así como el aumento de horas efectivamente trabajadas por los ocupados con menores salarios.
No obstante, puntualiza que las causas que explican la dinámica de la desigualdad y sus efectos son “complejas”.
INICIATIVAS “ESCASAS”
Por otra parte, el organismo considera que las iniciativas para resolver los problemas estructurales de la economía son “escasas” y la fragmentación parlamentaria está “dificultando” la puesta en marcha de iniciativas legislativas “de calado”.
VULNERABILIDAD ANTE PERTURBACIONES Y DIFICULTAD PARA LAS REFORMAS DE LARGO PLAZO
Así mismo, se afirma que muchas de las tareas pendientes en la economía española requieren de planes de acción en el medio y largo plazo y estas superan el ciclo político habitual. Por tanto, “exigen una puesta en marcha sin demora y un compromiso político amplio y duradero en torno a ellas”.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advierte de que la economía española “continúa presentando un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones”, al considerar que, a pesar de los avances de los últimos años, estos “son todavía limitados”.
DEUDA Y DÉFICIT PUBLICO
A pesar de que “la intensidad y la naturaleza de la expansión económica han favorecido una cierta corrección de estos desequilibrios”, los avances en la reducción del endeudamiento externo y sobre todo en la deuda pública, son “todavía modestos”.
Además, la institución destaca que “el mantenimiento de un endeudamiento público elevado durante un período prolongado puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico”, al considerar que el endeudamiento público puede absorber recursos “que podrían destinarse a fines más productivos y modifique las condiciones agregadas de financiación de la economía, distorsionando las decisiones de inversión privada”.
Por otra parte, el Banco de España considera que el cumplimiento de las reglas fiscales europeas y nacionales “exigirá continuar el proceso de consolidación fiscal”. Sobre este punto, asegura que, “si bien es muy probable que las administraciones públicas españolas sitúen su déficit por debajo del 3% en 2018, existe una mayor incertidumbre sobre el cumplimiento estricto del grado de reducción exigido del déficit público estructural, que según la Comisión Europea sería todavía elevado, del 3,1% del PIB potencial en este año”.
Además, señala que el proceso de consolidación fiscal “debe ser compatible con una mejora de la calidad de las finanzas públicas”. Sobre este punto, en el lado del gasto el Banco de España considera que existe margen “para seguir avanzando en aumentar la eficiencia del gasto público”. Por el lado de los ingresos, destaca que el sistema impositivo “cuenta con un nivel de beneficios fiscales elevado, derivado de la existencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que tienden a generar pérdidas de recaudación, así como posibles distorsiones sobre la eficiencia y la equidad”.
PENSIONES
En cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el organismo subraya el reto que supone el envejecimiento de la población, alertando sobre su impacto en el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. En este sentido, el Banco de España considera que la aplicación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones “lograrían reducir de forma gradual el actual déficit del sistema, que alcanzó el 1,8% del PIB en 2017, y contrarrestar de forma significativa el efecto del incremento esperado de la tasa de dependencia en el largo plazo”.
Explica que, en ausencia de aumentos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas, cuyo descenso podría alcanzar los 20 puntos entre 2013 y 2060.
Por ello, la institución recomienda que, de cara al futuro, “la clave consiste en delimitar, de acuerdo con las preferencias sociales, las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma que se adecuen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada”.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por otro lado, el Banco de España subraya la necesidad de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, señalando que el concurso de éstas “es esencial para garantizar la estabilidad presupuestaria”. A este respecto, aconseja reformar el sistema “con el objetivo de adecuar los ingresos” y de “garantizar un reparto transparente entre comunidades”.
Además, propone retomar el acceso a los mercados de capitales por parte de las comunidades autónomas “como vía fundamental de financiación de sus desequilibrios fiscales, haciendo uso de los distintos fondos del Estado desarrollados durante la crisis solo en circunstancias excepcionales”.
