La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su rechazo a la adopción de «nuevas medidas intervencionistas» en el mercado eléctrico.
En este sentido, ha subrayado la necesidad de respetar las recomendaciones europeas (Toolbox CE) que insisten en no fijar límites de precios a la generación ni modificar de forma unilateral la estructura de los mercados, «entendiendo que esto supondría una modificación que afecta al mercado interior de la energía y en la correcta formación de los precios en mercados acoplados».
La asociación de comercializadoras, de la que forman parte Acciona, Repsol, Total, Engie o Feníe Energía, entre otros, se ha reunido con la Dirección General de Política Energética y Minas en una semana marcada por la información que apuntaba que el gabinete dirigido por Teresa Ribera estaría valorando excluir a los generadores de renovables, cogeneración y residuos que perciben la retribución específica establecida en el régimen del RECORE, creando un mercado paralelo al actual con el objetivo de proporcionar una tarifa a los clientes domésticos a un precio intervenido.
No obstante, la ministra Ribera ha descartado una posible reforma de la tarifa regulada (PVPC) de la luz sacando del ‘pool’ toda la generación de renovables, biomasa y cogeneración con retribución específica para vincularla a los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada y a la industria española, mientras no haya «consenso».
En este sentido, ACIE considera que la salida de las plantas RECORE del mercado respecto del resto de tecnologías causaría unos perjuicios irreparables para las comercializadoras, tanto en su circulante, como en el cumplimiento de las garantías del OMIE.
El presidente de la asociación, Javier Bescós, señaló que un trimestre «no debería justificar una medida que distorsionará las bases del mercado».
«La separación de las plantas RECORE podría suponer la ruptura de coberturas y contratos preexistentes con comercializadores, drenando nuestra capacidad de suministrar a precios competitivos cerrados en 2019 y 2020», dijo.
Así, ante «el riesgo latente» de modificar la actual tarifa PVPC, los comercializadores indican que «la implantación de una tarifa doméstica predatoria reforzaría la posición de los agentes históricamente dominantes, revirtiendo el proceso liberalizador en contra de la directiva europea 944/2019».
ELEVAR UNA QUEJA A INSTANCIAS EUROPEAS
De esta manera, los comercializadores independientes han insistido ante el Ministerio que, «en caso de pasarse esta línea roja, se verían obligados a elevar la cuestión en una queja a instancias europeas».
En su lugar, ACIE ha propuesto al Ministerio centrarse en medidas como la reducción temporal y selectiva de los tipos impositivos para hogares vulnerables, la reducción tributaria al gas natural, y el apoyo de emergencia a los ingresos de los consumidores en situación de vulnerabilidad, que suman cerca de un millón de familias, mediante un descuento en factura final a cargo de las políticas sociales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
